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MORELOS, LEJOS DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LAS MUJERES

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Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos

A dos años de la Alerta de Violencia de Género  en Morelos.

Cuernavaca, Morelos, México, 11 de agosto de 2017.-  Estamos presentando el Informe Sombra con las conclusiones y recomendaciones que emitimos como organización peticionaria de la AVG.

En Morelos el feminicidio se puede enfrentar, detener, sancionar y erradicar. Es urgente y necesario que se apliquen todas las medidas de Alerta de Violencia de Género. Es inadmisible que haya omisiones, negligencia, irresponsabilidad y complicidad de autoridades.

La responsabilidad de garantizar la vida, la libertad y la seguridad de las mujeres es del Estado, de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, sistematizada en las medidas decretadas en la Alerta de Violencia de Género vigentes en  8 municipios del Estado de Morelos desde el 10 de agosto de 2015.

Del año 2000 al 2005 documentamos 122 feminicidios en Morelos. En el año 2000 los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15, y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Para el año 2006 se contabilizaron 37 feminicidios; en el 2007 el número de casos aumento a 54; en el 2008 la cifra quedo en 36; durante el 2009 se documentaron 37; el 2010 reportó 47; mientras que en el 2011 la cifra aumento a 70 y en el 2012 creció aún más para quedar en 92. En el 2013 se contabilizaron 70. Durante el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluimos con 57. En 2016 se registraron 97 y de Enero al 31 de Julio del 2017 se han documentado 46 casos.

Muertes que se pudieron evitar mediante políticas públicas. Muertes que ocurren por negligencia e irresponsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad para que preserven los derechos humanos de todas ellas. Es claro que los responsables directos de estos crímenes se sienten con las facultades para hacerlo porque existe una impunidad en la inmensa mayoría de los casos de muertes violencias de mujeres que es precisamente el significado del feminicidio.

Ninguna medida será menor cuando se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

Si el feminicidio crece es porque no se aplica adecuadamente el protocolo de investigación ni las medidas emergentes de Alerta de Violencia de Género.

Estamos presentando un balance negativo de las medidas que deberían haber sido aplicadas por las distintas instancias de gobierno. El único indicador que debería ser contundente y sin duda de interpretación es si se logra preservar la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres, por lo que más allá de los indicadores de cumplimiento de las medidas, vemos como el número de feminicidios es creciente.

Quienes tienen la tarea de aplicar las medidas de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Morelos, desconocen su objetivo y sus obligaciones, tareas, responsabilidades y el compromiso que tienen con la sociedad y con las mujeres. Algo que es real y contundente: la Violencia Feminicida se ha debido a la omisión del Estado en la preservación, la garantía, la tutela y el impulso de los Derechos Humanos de las mujeres, así como a la inexistencia de una política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y la vigencia de sus Derechos Humanos.

El feminicidio en Morelos se puede detener con una mayor voluntad política de todas las instituciones de Gobierno. Este derecho a la vida, la seguridad y la libertad de las mujeres no admite demora alguna.

Es claro que no se ha logrado el objetivo fundamental de garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus Derechos Humanos.

 Mantenemos la demanda del cumplimiento de todas las medidas para que el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación: El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, la rehabilitación y la satisfacción  que son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones.

La violencia institucional persiste pese a la Alerta de Violencia de Género debido a la dilación, la omisión y la ignorancia de las autoridades que tienen la responsabilidad de cumplir la AVG.

Es necesario que se lleven a cabo 8 Mesas de Trabajo con los Municipios que tienen Declaratoria de AVG para revisar y dar seguimiento a las medidas establecidas, esto en coordinación con todas las dependencias vinculadas con la atención a la violencia contra las mujeres.

Con el Tribunal Superior de Justicia se debe llevar a cabo una Mesa de Trabajo para revisar los casos judicializados de feminicidio y actualizar las capacitaciones para juzgar con perspectiva de género mediante la aplicación adecuada de los protocolos aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre feminicidio y violencia contra las mujeres.

Una Mesa de Trabajo con la Coordinación Estatal de Seguridad Pública para tomar las medidas de prevención definidas por la AVG, acorde con la definición que establece la Ley general de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto en sus Tipos como Modalidades de la Violencia, que permita actualizar lo establecido en los Semáforos de Violencia y determinación de los Polígonos de Riesgo para las mujeres en función de la Geografía del Feminicidio.

Las Mesas de Trabajo con la Fiscalía General de Justicia deben restablecerse con el objetivo de concluir las investigaciones que dieron origen a la AVG y determinar la situación jurídica de cada una de las carpetas de investigación, así como la adecuada integración de todos los casos de feminicidio hasta su judicialización para lograr que haya justicia y se elimine de raíz la impunidad prevaleciente en la mayoría de los casos de feminicidio.

El tema educativo es uno de los que no han sido atendidos como lo señala el informe del GIM. Por lo que se requiere realizar una Mesa de Trabajo para el cumplimiento y seguimiento de las acciones en materia educativa.

Establecer mecanismos de supervisión y sanción a Servidores Públicos que actúen en violación del orden jurídico aplicable en materia de Violencia de Género.

Plan de atención y prevención de la violencia familiar para evitar que escale y se convierta en violencia feminicida que incluya la restitución Integral del Daño, se debe establecer el Banco Estatal de Datos sobre Feminicidios, todo caso de muerte violenta de mujer debe ser investigado acorde con el Protocolo de Feminicidio, dar garantías efectivas de No Repetición y Acceso Pleno a la Justicia.

 
¡Porque amamos, luchamos!
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– Teléfono 777318-55-68.
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