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Columna

PUNTO Y APARTE

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Por GUILLERMO CINTA / MASEUAL

* Día del Trabajo en Morelos

* Jalisco y los estados fallidos

Cuernavaca, Morelos, México.-  1.- En ocasión del Día del Trabajo, el viernes anterior, las autoridades estatales del ramo, como la secretaria del Trabajo y Previsión Social de Morelos, Gabriela Gómez Orihuela, destacaron los esfuerzos de la actual administración por dar certeza jurídica a los trabajadores, y también por generar más y mejores empleos. La aplicación gubernamental en este rubro puede ser comprobable y positiva, pero existe un rezago en la materia que se traduce en muchas personas, quizás miles, a diario lanzadas a las calles para buscar ganarse unas monedas a través de actividades semejantes a la mendicidad, como los casos de los limpiaparabrisas, los cantantes callejeros, los que piden una moneda a cambio de paletas de dulce o mazapanes, los vende chicles y los malabaristas. Se dirá que esos son ejemplos extremos, pero existen también los casos de trabajadores con empleos formales que ganan salarios miserables, verbigracia en las tiendas de autoservicio, donde además hay gente que trabaja exclusivamente por ganar propinas, como los cerillos o los franeleros, quienes son obligados a prestarle servicios al almacén de que se trate. Lo que falta por hacer para conseguir trabajo y salario digno, aún es mucho. En el mismo contexto de la conmemoración, en la Residencia Oficial, acompañando al gobernador Graco Ramírez estuvieron los principales dirigentes de lo que queda del “sector obrero organizado”, personajes cuya principal característica ha sido, durante décadas, su perniciosa alianza con el grupo gobernante de cada sexenio. Al respecto abundan los testimonios en las hemerotecas. Sin embargo, es digna de reconocerse la mediación de Gabriela Gómez Orihuela para conseguir el encuentro y la firma de un acuerdo tendiente a fomentar la productividad y el respeto al derecho laboral.

2.- Cambiando de frecuencia diré que el fiscal Rodrigo Dorantes Salgado está ante la necesidad urgente de esclarecer la muerte de Raúl Figueroa, priísta de Coatlán del Río y esposo de la candidata del Partido Verde a la sindicatura municipal, Aracely Flores. El crimen ha generado especulaciones acerca de sus nexos con la actividad política de la víctima y de su cónyuge, y por tanto ensombrece en alguna medida el proceso electoral local que estamos viviendo, además de pegar de manera directa a la imagen del gobierno estatal y su gabinete de seguridad, justo cuando viene haciendo labor para convencer de que las tareas para reducir la incidencia delictiva están ofreciendo resultados, y de que Morelos cada vez es un estado más seguro para vivir y visitar. Apenas hace unos días la Fiscalía General del Estado reveló que hay indicios de posibles montajes en las agresiones sufridas por algunos candidatos, es decir que podrían ser auto atentados con el fin de ganar notoriedad, y ahora, con una víctima fatal, debe acreditar su eficiencia para cumplir el papel de contribuir a la tranquilidad ciudadana respecto de que existen las condiciones de seguridad adecuadas para los comicios.

3.- Estamos a 30 días de que finalicen las campañas electorales morelenses y menudean las afirmaciones de unos y otros contendientes en el sentido de que tienen asegurado su triunfo, lo cual parece ser otra de las muchas mentiras que los políticos han venido externando en los últimos días. La verdad es que la moneda está en el aire y hoy menos que nunca puede

saberse de qué lado caerá, ante el hartazgo ciudadano alrededor de una clase política que lo ha decepcionado, robado, burlado y humillado de manera recurrente. Es difícil pensar en darles un voto a políticos ladrones que han usado el cargo para enriquecerse, que se mantienen en la escena por acuerdos inconfesables con sus cúpulas partidistas, o que ahora van a la búsqueda del poder y el dinero a través de sus hijos, sus hijas, sus esposas y demás parentela. En este contexto lo único que aparece como cierto es que el abstencionismo tendrá muchos adeptos y acaso ganarán los menos malos con pequeños porcentajes de sufragios que validen la elección. Quien triunfe en Cuernavaca, entre tantos candidatos, será un gobernante de minoría. Una vez fragmentado el voto el 7 de junio próximo, tan solo necesitará entre 60 y 65 mil sufragios, conseguidos de manera inobjetable. Hay casos patéticos en otras regiones, por ejemplo Tepalcingo, donde el futuro alcalde requerirá entre dos y tres mil votos para alzarse con la victoria y el control municipal. En esas circunstancias se encuentra la incipiente democracia morelense. A ver.

4.- Lo ocurrido recientemente en diversas entidades federativas, pero sobre todo en Jalisco, tocante al implacable avance del crimen organizado nos obliga a reflexionar sobre la exacta dimensión del estado mexicano dentro de la costosa lucha contra los enemigos de la seguridad nacional. “Como las comunitarias y las económicas, las consecuencias políticas de la actividad que despliegan las organizaciones criminales, especialmente las más poderosas, se distribuyen en varias dimensiones. Por lo pronto, conviene advertir que la existencia de un problema de crimen organizado en un país obliga a destinar gran cantidad de recursos (económicos, técnicos, materiales y humanos) y esfuerzos a hacer frente a su amenaza, recursos y esfuerzos que podrían destinarse a otros ámbitos de la actuación política de máxima necesidad y que pueden elevar sensiblemente la deuda estatal”. Así lo leemos en el excelente libro “Crimen Punto Org. Evolución y claves de la delincuencia organizada”, de Luis de la Corte Ibañez y Andrea Giménez-Salinas Framis (España, Editorial Planeta 2010), que nos ayuda a comprender todavía más el fenómeno.

5.- De manera concreta los autores describen el escenario de un estado fallido: “El efecto político más extendido es la pérdida de eficiencia en el funcionamiento de instituciones públicas, generalmente como consecuencia de la corrupción promovida a distintos niveles y en diferentes áreas para favorecer intereses privados. Esas prácticas corruptas y las complementarias acciones intimidatorias (como las de Jalisco) dirigidas contra empleados de la administración suelen ir orientadas a promover la distribución parcial de los recursos, quebrando así el principio de equidad en la implementación de políticas públicas. Una forma alternativa de generar efectos semejantes, aunque más graves, tiene lugar cuando una organización criminal logra extender su influencia hasta las altas esferas políticas, lo que le permite condicionar el ejercicio del poder legislativo y ejecutivo, que afecta la promulgación de leyes o a la toma de decisiones gubernamentales (…) El crimen organizado puede erosionar también los fundamentos y pilares del Estado de derecho”. Hasta aquí el referido libro, cuya lectura recomiendo pues nos muestra el origen de la grave problemática, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Lo sucedido en Jalisco significa, además, que en nuestro país existen grupos dispuestos a pasar de las actividades criminales a la insurrección. Imaginen ustedes cómo quedó la imagen presidencial luego de que las imágenes de los hechos suscitados en territorio jalisciense dieron la vuelta al mundo.  gcmemocinta@gmail.com

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