TIEMPOS MODERNOS

Por JAIME LUIS BRITO / MASEUAL

*  La militarización del país/ y II

Cuernavaca, Morelos, México, 19 de enero de 2017.-  Durante la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa decidió atacar un avispero con un rifle de asalto. El resultado está a la vista. Los cárteles de la droga se multiplicaron e incrementaron su capacidad de fuego, de acción y de control de territorios, mientras que México dejó de ser país de tránsito y se convirtió también en un mercado importante de las drogas, en tanto que la violencia no se detiene y en su etiología no sólo están los grupos criminales sino también la presencia cada día más fuerte de las fuerzas militares.

Calderón decidió la militarización del país por decreto, de facto. Los militares obedecieron la orden, pero nunca estuvieron tranquilos. Ellos tampoco olvidan el 2 de octubre, así que a lo largo de todo ese sexenio, en público y en privado, demandaron al Congreso de la Unión, las medidas legales que normalizaran jurídicamente la acción inconstitucional de que hacer las veces de policía.

Eso sólo fue posible hasta finales de 2017, cuando los legisladores federales aprobaron, sobre las rodillas, la Ley de Seguridad Interior, una de las reformas que más inconformidad ha provocado, no sólo en el territorio nacional sino afuera. La reforma es a todas luces regresiva y nos lleva a la posibilidad de que masacres como la de Tlatlaya se multipliquen por todo el territorio nacional. Los militares no están capacitados para hacer labores de control y disuasión, sino para exterminar.

La Ley de Seguridad Interior significa la legalización de la guerra de exterminio contra la población mexicana, particularmente los jóvenes. No es la guerra contra los cárteles, porque hay pruebas suficientes para afirmar que la decisión de Calderón, ratificada por Enrique Peña Nieto, de sacar a los militares de sus cuarteles no funciona. No se han debilitado los cárteles de la droga, al contrario, se fortalecen y multiplican sus ámbitos de operación. No sólo crean mercados de consumo, también establecen “cadenas de valor”, combinando la producción, trasiego, venta y distribución de las drogas, con la trata de personas para su esclavitud sexual o laboral, para el mercado interno o la exportación, dejando a miles de familias mutiladas por la desaparición de uno, o varios, seres queridos.

Mientras los militares dominan mayores espacios de la llamada seguridad en el país, como lo han hecho aceleradamente desde 2006, las cifras de muertes en el país se acumulan y año con año se superan a sí mismas, mientras que el número las personas desaparecidas supera con mucho lo ocurrido en otros países del Cono Sur o de Centroamérica que fueron sometidos a dictaduras militares o a guerras civiles durante varias décadas. En tanto, poblaciones enteras han sido desplazadas por la falta de alternativas para hacer frente a la inseguridad o simplemente, la enorme mayoría de los mexicanos han tenido que cambiar su modo de vida para paliar un poco el estado de indefensión en el que las autoridades los mantienen. Todo esto se puede corroborar en la última encuesta que sobre inseguridad hizo el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Por todo ello, no podemos aceptar que la solución al problema de la violencia, la inseguridad y el crimen organizado se cosa de tener más militares, con amplias libertades, en la calle. Porque ya ha demostrado que no está listo para ello. Investigaciones que han hecho reporteros independientes en la serie Pie de Página, demuestran que los soldados no tienen experiencia para el trabajo en zonas urbanas, e incluso rurales, para hacer una guerra contra “un enemigo” que no está del todo identificado. Así que es muy fácil, y cada vez más frecuente, que termine atacando a todo lo que se mueve, incluyendo civiles a los que no podemos considerar “bajas colaterales”.

Es fundamental entonces la discusión que tendrá que darse en los próximos días en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), derivada de los recursos de impugnación que distintos poderes, niveles de gobierno e instituciones están haciendo. La Corte se encuentra frente a una decisión que nos puede poner a todos frente a la mira de un rifle militar o, en caso de rechazar la legislación, puede obligar a los políticos a escuchar a la ciudadanía, que sí tiene propuestas y opciones para enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia. Aunque claro, quizás es el mayor problema, los políticos hablan entre ellos, o se gritan, pero no escuchan a los ciudadanos, de quienes están cada vez más alejados.

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