PUNTO Y APARTE
Por GUILLERMO CINTA / MASEUAL
* INE e Impepac: avatares (II)
* Nueva tensión universitaria
Cuernavaca, Morelos, México.- 1.- Durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales (Impepac) desarrollada el martes 30 de junio, la representante del PRI, Rocío Carrillo Pérez, expuso su queja por la actuación de la secretaria Ejecutiva del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Teresa Araceli Leguízamo, quien admitió un recurso de inconformidad del Partido Social Demócrata (PSD) tras haber concluido el plazo legal de 72 horas. Posteriormente tomó la palabra el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Gilberto González Pacheco, solicitando por escrito y de manera urgente un informe sobre las boletas del Segundo Distrito Electoral y dónde se encontraban resguardadas. Carrillo Pérez reiteró que diez paquetes estaban perdidos e insistió en dar con su paradero. Vino entonces el protagonismo de la consejera estatal Ixel Mendoza Aragón, quien solicitó instruir al Secretario Ejecutivo una respuesta al representante del PAN en “términos prudentes”, al igual que a la representante del PRI. De nueva cuenta Rocío Carrillo Pérez advirtió que el “Caso Cuernavaca” estaba siendo denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) al existir un nuevo delito electoral. Nadie requiere ser experto en la materia, gentiles lectores, para saber que el ilícito ocurrió cuando se dio entrada al recurso de inconformidad pesedista de manera extemporánea. El problema es que el escenario sirvió para cuestionar el desempeño de todo el Impepac y no el de alguien en particular.
2.- Israel Rafael Yudico Herrera, representante del PSD, pretendió corregir a Rocío Carrillo y dijo que su escrito interpuesto ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca fue como “terceros interesados”. En tal contexto salió al quite Ana Isabel León Trueba, presidenta del Impepac, quien declaró que se investigaría dónde estaban los paquetes referidos por el PRI y el PAN. Gilberto González Pacheco solicitó además una diligencia tocante al paquete que, al parecer, contenía boletas en el Segundo Distrito, temiendo que fuera alterado. Nuevamente tomó la palabra Ixel Mendoza Aragón para señalar que durante la sesión extraordinaria no acudió por cuestiones de salud y envió por escrito su voto particular. Sin embargo, el pesedista Yudico indicó que los votos particulares de la consejera Ixel en la asignación de regidores para el ayuntamiento de Cuernavaca podrían estar respaldados por una negociación partidista.
3.- Mendoza Aragón respondió que los consejeros son imparciales, profesionales y, en caso de haber alguna actitud tendenciosa, pidió al representante del PSD proceder a la denuncia ante los órganos jurisdiccionales correspondientes. Intervino entonces Ana Isabel León Trueba defendiendo a todos los integrantes del Consejo Estatal y exigiendo hacer a un lado las “denostaciones”. Envalentonada por las palabras de la presidenta habló Claudia Esther Ortiz Guerrero, quien indicó que con respecto a su voto particular envió una copia a la priísta Rocío Carrillo Pérez, porque así lo solicitó y porque es público. Sin embargo, Yudico arguyó que tal voto particular no estaba publicado. Y de nuevo habló Ixel Mendoza Aragón para ordenar al Secretario Ejecutivo que enviase por correo electrónico su voto particular al representante del PSD, correspondiente a las sesiones donde fueron asignadas las diputaciones plurinominales y regidurías de Cuernavaca, “con apego a la ley y en respeto a la paridad de género”. Intervino otra vez Rocío Carrillo Pérez para subrayar que no estaba objetando el profesionalismo de los consejeros, sino la imparcialidad del Impepac sustentada en más de 200 pruebas entregadas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la FEPADE, no sólo con relación a los comicios en Cuernavaca, sino también en Jiutepec, Yautepec, Cuautla y otras localidades. Etcétera, etcétera. Seguiremos pendientes y después diremos.
4.- Hasta la tarde de ayer se mantenían los preparativos de la UAEM para salir a las calles este martes y marchar en contra de la decisión de los diputados de crear el sistema estatal anticorrupción, porque incluye que el Congreso nombre por los votos de las dos terceras partes de sus integrantes, al contralor interno de la máxima casa de estudios. El Poder Legislativo aprobó el miércoles anterior este Sistema, con el voto a favor de 25 diputados y solo uno en contra, el del legislador independiente Carlos de la Rosa Segura, pero falta que se someta a la consideración del Constituyente Permanente, es decir de los 33 municipios de la entidad, que en por lo menos la última decena de casos similares no se han manifestado y se ha procedido a declarar la afirmativa ficta, por lo que podríamos decir que este tema se resolverá de la misma manera. No es la UAEM el único espacio donde los diputados nombrarán al contralor interno, sino en todos los organismos autónomos, como el IMIPE o el Impepac, según esta serie de reformas a la Constitución local que se derivaron de una iniciativa de los diputados Lucía Meza y Javier Bolaños, pero que no son más que el cumplimiento de reformas constitucionales de índole federal. Es decir que se trata de reformas que se tenían que realizar a chaleco pero que están provocando protestas en varios frentes, como el Poder Judicial por la conversión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Tribunal de Justicia Administrativa.
5.- Al fijar su postura con relación a las protestas del rector Alejandro Vera y su gente, la presidenta del Congreso, Lucía Meza, afirmó ayer que con el sistema anticorrupción “el Congreso del Estado no viola, ni atenta en contra de la autonomía” de la UAEM, la cual la conserva “para impartir la enseñanza media superior y superior, crear las bases y desarrollar la investigación científica y humanística así como fomentar y difundir los beneficios de la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de las ideas; también, para determinar sus planes y programas; fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; tener la libre disposición y administración de su patrimonio, incluyendo el incremento del mismo por medio de fuentes propias, y realizar todos aquellos actos relacionados con sus fines”. El problema está en que para los universitarios es fundamental la autonomía en el manejo de sus recursos económicos, tanto así que cuando el Congreso hizo la declaratoria de la autonomía financiera universitaria, al convalidar la reforma al artículo 121 constitucional que le asigna un porcentaje fijo del presupuesto anual estatal, el rector Vera dijo que eso le daba a la institución, también, “autonomía de pensamiento y autonomía de conciencia”. Veremos qué resulta de la marcha de hoy…. El Movimiento Magisterial de Bases efectuará un plantón mañana miércoles al filo del mediodía a las afueras del Congreso local, con el propósito de presionar a los legisladores para que definan una posición en apoyo de sus demandas en contra de la reforma educativa y de la evaluación. La cita de los mentores está fijada para coincidir con la sesión ordinaria del Congreso a fin de lograr que los reciba de nuevo una comisión de diputados. A ver. gcmemocinta@gmail.com