DETENCIÓN ILEGAL EN CONFLICTO MINERO DE XICATLACOTLA: EJIDO
Por HUGO BARBERI RICO / MASEUAL
* Detienen a 5, los “desaparece” por 5 horas el MU, denuncian
Tlaquiltenango, Morelos, México.- Un total de cinco pobladores de ranchería lejana de Xicatlacotla fueron privados de su libertad ayer durante cinco horas por elementos del Mando Único (MU) y posteriormente fueron presentados a la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa), supuestamente porque talaron huizaches, todo esto para justificar la detención, denunció el ejido.
La detención provocó el disgusto del pueblo y comisionaron al ejido y a su asesor jurídico, de nombre Omar Chávez Dorantes, para buscar, ya que se detuvo arbitrariamente, afirman, al hijo del Presidente del Comisariado Ejidal y operadores de máquinas de una mina.
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El asesor jurídico denunció que las detenciones de los ejidatarios fueron “indebidas”, ya que no se supo de ellos “hasta que después de cinco horas, porque anduvimos buscándolos. Fue el MU. Supuestamente Profepa intervino ahí, pero es mentira. El supuesto quejoso fue con la autoridad y MU vino, los detuvo, y posteriormente los presentó a Profepa, cuando Profepa, siempre viene (primero) y hace su entrega sus citatorios y cierra el movimiento de extracción, en este caso”.
Pero no, continuó, en este caso no se dio, simplemente “vino de manera arbitraria el MU y afortunadamente tenemos el apoyo del ingeniero Díaz Cerón, también del presidente municipal de Tlaquiltenango (Mauricio Rodríguez González)”.
Añadió que los mismos ejidatarios refieren que fueron
“levantados” por el MU, “estuvieron incomunicados…”, mientras que la autoridad ejidal con el asesor jurídico y familiares los anduvieron buscando ante la Policía Federal, Procuraduría General de la República, Policía de Investigación Criminal y ninguna de esta dependencia tuvo referencia o información del MU sobre la detención de los ejidatarios, pero “después de cinco o seis horas la Profepa nos dijo: sí, miren aquí está”,
refirió el abogado, quien acusó al MU de haberse excedido “y lo peor” violando el derecho constitucional a comunicarse.
Pero el problema viene de la empresa Tribasur, y es que el ejido decidió prescindir de ella debido a que debe más de medio millón de pesos al ejido (el pago que debió hacer durante 11 meses), en respuesta los ejidatarios le atribuyen que armó esta denuncia para vengarse de ellos.
El respecto, el abogado explicó que se pretendía extraer material de piedra de basalto ya para otra compañía (Labisa) que llegó a un acuerdo directo con el ejido actual desde el pasado 22 de junio en que tomó el cargo la nueva administración ejidal, pero se presentó un problema “con una compañía diversa (Tribasur) que está al lado contrario y de primera cuenta expresó que se extraía material de su concesión del banco que se le autorizó por parte del ejido, pero eso es mentira, pero eso le manejó a las autoridades, que se estaba extrayendo material sin permiso cuando no era material ni de él y fue que ejerció una denuncia ciudadana respecto de que estábamos dañando el entorno ecológico, por eso la Profepa acude a su llamado”.
Cuestionó la celeridad con que respondió la Profepa y la policía, “de hecho ni dio tiempo de que se extrajera nada del banco que autorizó el ejido.
Agregó que la persona que hizo esa denuncia es de la mencionada Tribasur, la cual está en trámite de rescindirle su contrato y como ánimo de venganza realizó este acto, “aquí la cuestión es que estábamos tratando de regularizar esta situación, porque conlleva a no dañar el entorno ecológico”.