PUNTO Y APARTE
Por GUILLERMO CINTA / MASEUAL
* Negociar y extorsionar
Cuernavaca, Morelos, México.- 1.- La UAEM que encabeza Alejandro Vera emplazó al Congreso para que en 15 días instale el Consejo Estatal de Participación Ciudadana. El propósito, dicen los universitarios, es llegar al momento en que se lleve a cabo una consulta para determinar si el gobernador Graco Ramírez debe continuar o no al frente de la administración pública morelense. La petición se basa en el artículo 19-Bis de la Constitución Política estatal y se refiere a la formación de un Consejo que generó polémica en nuestra sociedad hace un par de años, pero después fue olvidado. Y es que el cuento de la revocación del mandato ha sido usado por actores políticos como instrumento para negociar y extorsionar, y ese parece ser el caso actual: Vera Jiménez amaga al Ejecutivo con su exigencia de echar a andar el Consejo para hacer posible una consulta de revocación de mandato, usándola como arma que le permita obligar al gobernador a ceder a las exigencias económicas de la UAEM. Esa película la vimos apenas en diciembre, cuando la institución exigió dinero para pagar aguinaldos, y se repite ahora que tiene sobre sí el compromiso de resolver los pliegos petitorios de sus sindicatos, so pena de que estalle la huelga el lunes próximo.
2.- El Poder Legislativo levantó la mano para comprar el pleito que se traen el Gobierno del estado y la UAEM. Según el coordinador de la fracción panista, el belicoso Carlos Alaniz, el Congreso está dispuesto a servir de interlocutor para que se resuelva la actual disputa por dinero. Las declaraciones del novel líder azul se dan en el marco de la serie de posturas que sobre el tema se emitieron ayer, y en las cuales el secretario de Gobierno exhibió la sorpresa gubernamental ante la actitud adoptada por la Universidad y su titular. Matías Quiroz reiteró que la administración estatal ha tenido y mantiene una actitud y una actuación respetuosa para con la comunidad universitaria y sus intereses, de tal suerte que ha entregado puntual y oportunamente cada peso de los recursos económicos que ha gestionado ante el Gobierno de la República. En el encuentro que la noche del miércoles tuvo Matías con el rector, fue Alejandro quien se levantó de la mesa argumentando que “no son atendidos” sus planteamientos, aunque se le había explicado que todo el dinero correspondiente a la UAEM le ha sido ministrado, incluidos los 100 millones gestionados en diciembre a su favor ante las autoridades federales. A ver.
3.- Unos que sí y otros que no, pero a todos en Morelos distrajo la noticia de que el alcalde de Tlaquiltenango había sido detenido ayer por la mañana en la caseta de Tlalpan, cuando al intentar cruzarla fue objeto de una revisión policial por la que se le retuvo junto con sus acompañantes pues su escolta portaba un arma de fuego de uso reglamentario. Se armó en los corrillos políticos una confusión y fue el propio munícipe, Enrique Alonso Plascencia, quien libre y desde Cuernavaca desmintió estar preso. Mientras, diversas versiones señalaban que quien quedó detenido fue su guarura y no el edil. Empero, la noticia evidenció que el alcalde es investigado por la Fiscalía General del Estado, según reconoció su titular Javier Pérez Durón, a causa de los hechos del día en que el mentirosillo Alonso echó del municipio al Mando Único. Aunque el fiscal no dio detalles de la indagatoria, trascendió que la carpeta abierta en contra del “alcalde rebelde” incluye presuntos delitos de abuso de autoridad y despojo.
4.- El gobernador Graco Ramírez subió ayer a su cuenta de Twitter dos mensajes que presagian acciones drásticas, dolorosas para los actores involucrados. Sin dar más detalles, el titular del Ejecutivo escribió primero: “Padecimos el asesinato de Gisela Mota, compañera perredista. Las investigaciones van al fondo y no habrá impunidad en este artero crimen”. Este tuit, desde mi particular punto de vista, está advirtiendo que el esclarecimiento del homicidio está próximo. Habrá que ver a quién o a quiénes involucrará. El tuit trascendió mientras en el Senado de la República se efectuaba una manifestación de temixquenses encabezados por Juanita Ocampo, madre de Gisela Mota. Una comisión a cuyo frente iba la señora Ocampo entregó un documento donde se solicita auditar de manera urgente a la administración anterior, la del cuestionado Miguel Colín Nava, socio principal del senador Fidel Demédicis en Temixco. Se habla sobre un peculado perpetrado por ambos y ex funcionarios municipales, hasta por 200 millones de pesos. A la hora de dicha manifestación todavía no trascendía que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había dictaminado a favor de Irma Camacho para sustituir de manera definitiva a Gisela. Sin embargo, podemos vaticinar que la profesora deberá sortear un sinuoso camino para conseguir su posicionamiento al frente del Ayuntamiento. Y otro tuit subido por Graco indicó lo siguiente: “No permitiremos ningún Abarca más, en el PRD no consentiremos a delincuentes. Se aplicará la ley ante cualquier infiltración del crimen”. Un claro mensaje dirigido hacia Tlaquiltenango.