Por HUGO BARBERI RICO / MASEUAL
Tlaquiltenango, Morelos, México, 20 de diciembre de 2023.- Al recalcar que piden un precio justo por el pago de sus parcelas afectadas por el paso de la Autopista Siglo XXI, campesinos que mantienen tomado el tramo carretero a su paso por Morelos, se pronunciaron este miércoles por continuar con el movimiento en el que, exhibieron, únicamente les quieren pagar una décima parte de lo que valen sus tierras. Es un movimiento pacífico, advirtieron, pero si se pretende un desalojo estarán en su legítimo derecho de responder para de defenderse.

“Gobierne quien gobierne, la tierra se defiende”, gritaron como consigna, lo mismo: “ni Madero, ni Obrador, el pueblo no perdona a los que traicionan”, “Obrador ya paga, no para tus campañas”.
Es un movimiento pacífico, señaló Diego Torres Mendoza y advirtió que si hay agresiones “la culpa sobre caerá sobre esas autoridades omisas y sobre quien quiera que haya iniciado esa agresión”
Llamó delincuentes a “los que están incumpliendo y prácticamente pretendiendo robarle al propietario su propiedad, haciendo un usufructo que ya está generando ganancias sin pagar, esos son los criminales, los delincuentes y responsables, políticos además y lo sabe la concesionaria. Delincuentes los que nos amenazan de muerte por hacer una lucha justa por demandar nuestro derecho, ellos son los delincuentes”.
Exhibió que ya llevan 18 años de incumplimientos y lo último fue “un mes entero” para que integraran los expedientes para depositarles lo que pedían por sus terrenos y que se emitiera el decreto expropiatorio con un nuevo avalúo, “con el cual podamos negociar o en su caso inconformarnos… por ahora estamos en la indefensión. Nos dicen que ya no nos pueden hacer otro avalúo”.
Diego Torres, se presentó como “defensor de la parcela 704 del ejido de Tlaquiltenango” y de la comisión de vocería de movimiento. También estuvieron presentes quienes se presentaron como Odilón Sirenio Mitzy, del ejido de Amilcingo y afirmaron que permanecían en el evento el presidente del comisariado ejidal de Atotonilco, “y están presentes también Jonacatepec, Huitzililla y varios ejidos más”.
Denunciaron que hay falta de compromiso y responsabilidad por parte de las autoridades de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, por solapar los incumplimientos de acuerdos por parte de la concesionaria.
Exigieron el pago de sus parcelas, pues “nos han despojado de ellas, en las cuales nosotros producíamos el alimento para poder darle a nuestras familias. Hoy nos la quitan, ellos siguen cosechando y no nos la quieren pagar”.
Lauro Morán, presidente del comisariado ejidal de Huazulco, se dijo en apoyo del movimiento.
Diego Torres, recordó que es un movimiento que no se hace por gusto, sino “porque tenemos la razón y nos asiste nuestro derecho. Estamos protestando, no en una calle cualquiera que se nos haya ocurrido, sino literalmente en nuestra propiedad, sobre nuestras tierras, no nos fuimos a la caseta, no nos fuimos a otro punto, estamos sobre nuestras tierras”.
Ejemplificó para desmentir a ejidatarios que se han manifestado conformes con acuerdos a que han llegado con la concesionaria y los pagos que reciben, “la bicoca que les haya tocado y sentirse muy agradecidos con la concesionaria, cosa que nosotros ante tanto incumplimiento no podemos compartir. Un ejemplo, la propiedad que va del kilómetro 16 al 17, supuestamente representada por una de las personas (conformes)”.
Resaltó que el único documento que ampara la existencia de la autopista es un “convenio de ocupación previa”, es decir, no existe un decreto expropiatorio.
En más, precisó que en el artículo décimo del citado “convenio de ocupación previa”, en su artículo décimo establece que el objeto de esta ocupación previa y el límite que tiene, mismo que no se ha cumplido, por lo que en el artículo siguiente los protege, ya que se refiere a que en caso de que se incumpla con las obligaciones del citado convenio, por lo que permite que ante este incumplimiento “los poseedores pueden optar por la recisión del mismo, o exigir su cumplimiento.
De igual forma destacó que hay un convenio con firmas falsificadas, lo cual ha sido reconocido por los mismos concesionarios en una minuta de trabajo y que “no es un solo caso”, sino varios en que se incurrió en ilícitos.
El mismo vocero exhibió que los concesionarios pagaron a otros en 2018 a 177.75 pesos el metro cuadrado de terreno afectado, sin embargo, ahora quieren pagar máximo 80 pesos.
En la rueda de prensa estuvieron personas que demandan lo mismo en Puebla y Veracruz, quienes refirieron estar “por lo mismo… a que nos paguen porque igual ya llevamos 18 años y no hemos visto nada claro”.
Desmintieron que piden cantidades muy elevadas por sus tierras pues son conforme al avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de este año, afirmó el vocero
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