¿PROHIBIR PANTALLAS O EDUCAR EN LA RED?

Por ALEJANDRO CÁRDENAS SAN ANTONIO / MASEUAL

Cuernavaca, Morelos, México, 16 junio de 2026.- El reciente anuncio del primer ministro británico, Keir Starmer, de prohibir el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años ha sacudido agendas globales.

Se trata de una medida pionera en un país integrante del G7 que afectaría directamente a millones de usuarios y a grandes plataformas tecnológicas estadounidenses como Meta, TikTok, Google, Snapchat, y X.

La razón de sacudir agendas globales es porque el Reino Unido, es una de las principales democracias y potencias culturales del mundo, y al implementar una de las restricciones más estrictas a las redes sociales para menores -hasta la fecha-, se puede considerar que es aún más ambiciosa que la de Australia, a la que se le describe como “Australia plus”, -la ley aprobada vigente desde diciembre de 2025- que obliga a las plataformas a tomar “medidas razonables” para impedir que los menores creen o mantengan cuentas.

Ahora, el propósito en el Reino Unido es frenar la crisis de salud mental en adolescente provocada por adicción, ciberacoso y contenidos nocivos, por lo que plataformas como TikTok, Instagram, Snapchat, X, Facebook y YouTube -versión estándar- quedarían vetadas, aunque se exceptuarían apps de mensajería como WhatsApp.

El primer ministro británico presentó esta medida radical -según ha dicho- como una respuesta a las demandas de las familias pues una consulta pública mostró casi 90% de apoyo parental y podría entrar en vigor en la primavera de 2027.

Ahora, si aterrizáramos en una lejana hipótesis este tema en nuestro caótico y surrealista México, sucede que detrás de la promesa de protección estatal emergería un complejo entramado de desafíos técnicos, éticos y familiares que revelarían unas brechas muy profundas.

De saque: para los padres, la idea de delegar la responsabilidad en el Estado resulta un espejismo porque la implementación exigiría sistemas de verificación de edad altamente efectivos, donde el impacto de una verificación facial se volvería el centro del debate y lo sería porque esta tecnología obliga a escanear rostros y entregar datos biométricos sensibles a las plataformas, lo que lejos de garantizar privacidad, generaría riesgos de vigilancia masiva, posibles filtraciones de bases de datos, sesgos raciales y de género que afectarían especialmente a las mujeres y personas de color.

Los padres terminarían actuando como auditores permanentes, resolviendo bloqueos erróneos y enfrentando conflictos domésticos.

En el caso de los menores, nativos digitales de la Generación Alfa, hoy viven el entorno virtual como su principal espacio de socialización, expresión y aprendizaje y un bloqueo tajante no eliminaría esa necesidad: la desplazaría.

La prohibición -ya de por sí-, incentiva el uso de redes privadas virtuales o VPN -por sus siglas en inglés-, motiva la creación de cuentas falsas y la migración hacia foros anónimos o la internet profunda, donde los riesgos se multiplican sin ninguna moderación.

Entonces: ¿Es factible replicar este modelo ingles en México? La respuesta corta es que un decreto vertical sería problemático.

En nuestro país, YouTube funciona muchas veces como herramienta de aprendizaje informal ante las carencias educativas formales, y miles de jóvenes gestionan redes sociales para micronegocios familiares.

Una prohibición estricta podría profundizar la desigualdad digital, aislando a quienes dependen de la conectividad abierta para educarse, comunicarse o subsistir.

Para que una iniciativa similar prospere en el ámbito sociopolítico y cultural mexicano, el orden de los factores resulta decisivo.

Primero, se requiere una reforma estructural en las leyes de protección de datos que obligue a las plataformas a eliminar diseños adictivos en sus algoritmos, en lugar de imponer controles biométricos intrusivos.

En segundo lugar, urge una transformación cultural. O sea: integrar la alfabetización digital obligatoria en las escuelas y promover “pactos comunitarios” entre familias para retrasar el primer teléfono inteligente.

Tercero, el Estado debe complementar cualquier restricción reconstruyendo el espacio físico. Dígase: parques seguros, centros culturales accesibles y programas deportivos que ofrezcan alternativas reales frente a la virtualidad de una pantalla.

Cerrando la hipótesis: la verdadera protección de la infancia no vendría de un apagón digital ni del escaneo facial obligatorio, sino de una sociedad que eduque en responsabilidad digital y recupere actividades, interacciones y experiencias que ocurren en el mundo físico y real, en contraposición a lo virtual o digital.

El asunto británico de negar el acceso a las principales redes sociales a menores de 16 años, si un día llegara a aterrizar en México, lo haría no como una receta lista para copiar, sino como un espejo que obligaría a las autoridades a elegir: prohibir pantallas o educar en la red.

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