A dos años, Ayotzinapa persiste como emblema de la lucha por la justicia en México
Por RED TDT
Ciudad de México, México, 26 de septiembre de 2016.- La falta de resolución de este caso resulta emblemática de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la creciente vinculación del crimen organizado con actores estatales en perjuicio de la sociedad.
La tragedia de Iguala es ilustrativa del fenómeno de la desaparición forzada y de la criminalización de la protesta social.
Necesario un cambio de actitud del Estado mexicano hacia los aportes de la justicia internacional, así como hacía las víctimas y las personas defensoras de derechos humanos.
A dos años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) exige el pleno esclarecimiento de los hechos. Ello implica tanto la resolución jurídica del caso, como la satisfacción de las demandas de las familias que se mantienen en su exigencia de la presentación con vida de los jóvenes normalistas.
Este lamentable caso es un emblema de la ineficacia y corrupción imperantes en el sistema de justicia, así como de la falta de voluntad política de las más altas autoridades de nuestro país para dar certidumbre a la sociedad. Cabe destacar que garantizar el acceso a la justicia para las familias de estos jóvenes, trasciende su legítimo interés y se ha convertido en una muestra clara del nivel compromiso del Estado mexicano con el acceso a la justicia de la población en general.
Resulta especialmente grave, la comprobada vinculación del crimen organizado con actores estatales en estos hechos. Con ello se corrobora que se trata de un crimen de Estado, pues su probada vinculación con los hechos no se omite por la participación de actores del crimen organizado. Aún más, la connivencia entre actores estatales y criminales se configura como un patrón de acción a nivel municipal, estatal e incluso probablemente a nivel federal, según las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La sola inacción de los distintos niveles de gobierno, ante hechos tan graves y contundentes implica una responsabilidad ineludible en términos de la legislación nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.
En este sentido Ayotzinapa resulta ser un caso emblemático de la grave crisis de derechos humanos que se vive en México, pues resulta ilustrativo no sólo del fenómeno de la desaparición forzada, sino de la vinculación que este ominoso tema tiene con la criminalización de la protesta social. Ello, en el contexto de la poderosa movilización social que se ha generado en torno al tema, ha favorecido una mayor comprensión entre las víctimas de la llamada guerra sucia, cuando el Estado criminalizó a personas que luchaban por la justicia social y las víctimas recientes, cuando la tragedia de la desaparición de personas se generalizó de manera brutal adquiriendo visos de tragedia humanitaria.
Especialmente grave resulta el desprecio del Estado mexicano por los aportes de la justicia internacional al mismo. La confrontación del gobierno con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son una muestra clara de la intencionalidad encubridora de las acciones e investigaciones del Estado mexicano al respecto de este caso y que son terriblemente parecidos a lo que refieren víctimas de otros casos menos visibles, pero no menos importantes.
Y si esa fue la reacción contra actores de prestigio internacional, mucho más intensa y grave ha resultado la campaña de desprestigio y criminalización contra las personas defensoras involucradas en este caso. Esto se suma a un patrón que la Red TDT ha detectado y denunciado en los años recientes. Resulta fundamental que esta campaña sea detenida de inmediato y que se reconozca el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación, así como la importancia de la aportación de las organizaciones y personas para garantizar el acceso a la justicia de sus defendidos, así como el derecho a la verdad de la sociedad toda.
En este sentido, y en el contexto de este segundo aniversario, es cada vez más clara la necesidad de que los hechos de Iguala sean esclarecidos como un primer paso para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
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