¡Ah Chihuahua!: Lindeza de convenio
Por EDILBERTO NAVA GARCÍA / MASEUAL
Chilpancingo, Guerrero, México, 9 de enero de 2018.- El conflicto suscitado entre el gobierno del estado de Chihuahua y el gobierno federal, pone una vez más el evidente control condicionante del gobierno federal hacia los poderes estatales y aún más, con los municipales. Para el caso, el sentido común induce a pensar que quien sale ganando es el estado del norte, por cierto el más grande en extensión territorial de nuestra República.
Sin embargo, en este último o sexto tramo del periodo de Peña Nieto, pareciera que el gobierno federal desea que la fiesta sea llevada en paz, tal vez por el proceso electoral que ha de culminar con el relevo presidencial. Empero, con el convenio firmado entre el jefe del ejecutivo de Chihuahua y el secretario de Gobernación en representación del ejecutivo federal, se asientan expresiones que delatan el triste papel de los altos funcionarios. Se hacen convenios como producto de buena fe entre responsables de la administración pública, sin darse cuenta que con tales acuerdos por escrito suplantan el marco legal que nos rige.
Cito, por ejemplo: la federación se comprometió a que la PGR se ocupe de la detención con fines de extradición, del exgobernador de Chihuahua César Duarte, señalado con índice de fuego, de haber malversado cuantiosos fondos públicos, motivos por el cual puso tierra de por medio para eludir la acción de la justicia mexicana. Entra en juego ahí la filiación política. El exgobernador es priista y como tal, un botón de muestra de la corrupción. El escenario supone que el gobierno federal priista encubre con su silencio e inacción al ex gobernador, fina estampa de la corrupción, cuando que por ley se obliga castigar, conforme la norma de responsabilidades de los servidores públicos.
El gobierno federal se compromete por el referido convenio, a reintegrar al gobierno del norte, 900 millones de pesos, con instrucciones a la secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este párrafo confiesa, declara porque reconoce, que indebidamente le retuvo fondos al gobierno de aquella entidad. En el vulgo se llama chantaje. Y esa retención se castiga, ya por acción u omisión. El gobierno de aquel estado acepta el traslado de un reo de filiación priista que desvió recursos para su partido, hacia un reclusorio del sistema federal; también, a no ejercer su derecho de iniciar juicio de controversia constitucional, a entregar recursos a la FEPADE y a cumplir con cuanto mandatan las leyes de coordinación fiscal.
Como se puede apreciar, los funcionarios soslayan la Constitución Federal y leyes secundarias reglamentarias, por un convenio con el cual las suplen. No faltarán los juristas que detrás de sus escritorios se estén pitorreando por lo signado en el convenio por ambos funcionarios. Y añadirán, que con la sumisión el gobierno de Chihuahua sale ganando. Nada nuevo, pues desde siempre han sido los altos funcionarios quienes pisotean las leyes que nos rigen y, por acuerdos, por convenios, y hasta por simples minutas, suplen a la Carta Fundamental del país, cuando que es simple y sencillo, que todos cumplamos las leyes en vigor.
Por eso recuerdo gratamente lo dicho por el personaje Pito Pérez, quien dice a secas: “yo les aconsejo que respeten siempre la ley, y que la cumplan, pero que se orinen en sus representantes”. ¡Salud!