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Estado

Cae en Jojutla perito por sustraer diversas armas de la fiscalía

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Por HUGO BARBERI RICO / MASEUAL

 

  • Una de ellas fue usada en crimen de líderes sindicales en Cuernavaca

 

 

Cuernavaca, Morelos, México, 11 de julio de 2019.-  Un perito de la fiscalía General de Morelos, fue aprehendido este día por estar relacionado con la sustracción de armas de fuego de la dependencia, una de ellas, de acuerdo a información obtenida en círculos oficiales, usada en el crimen de líderes sindicales a un costado del “Palacio de Gobierno” del Estado de Morelos, la sede del Poder Ejecutivo, el ocho de mayo pasado.

 

La Fiscalía Anticorrupción, informó este día por la tarde que la detención del perito, de nombre Rolando, la ejecutaron los agentes “sin uso de la violencia, ni afectación a terceros”. Además, agregó que actuaron porque dicho servidor público “presuntamente sustrajo y cambió la evidencia consistente en diversas armas de fuego que se encontraban en el cuarto de evidencias”.

 

En un informe, la Fiscalía Anticorrupción, precisa que el imputado Rolando, fue denunciado “por el delito de Ejercicio Ilícito del Servicio Público”, luego de que personal de la Fiscalía se diera cuenta de la ausencia del armamento, el cual, añade, fue cambiado en distintos asuntos, por armas de fuego completamente diversas a las aseguradas, colocando en el interior de los embalajes objetos y armas de fuego en mal estado.

 

De igual forma precisa que hoy alrededor de las dos de la tarde, la Policía de Investigación Criminal y el agente del Ministerio Público Anticorrupción cumplimentaron la orden de aprehensión contra Rolando, quien caminaba sobre la calle Constitución del 57, en el Centro del municipio de Jojutla.

 

“El servidor público investigado, relacionado con la carpeta de investigación FECC/104/2019, fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Jojutla y más tarde ante el Juez de Control quien resolverá su situación jurídica”, dice y advierte por último:

 

“… no se protegerá a nadie y no habrá impunidad en ningún caso en que se acredite que un servidor público, de cualquier institución, incluida la Fiscalía General, sea cual fuere su nivel, haya cometido un delito”.

 

 

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