PUNTO Y APARTE

 GUILLERMO CINTA / MASEUAL

26 / Enero / 2015

 * Juicios políticos: recurrencia

Cuernavaca, Morelos, México.- 1.- La recurrencia de los juicios políticos en Morelos. Desglosemos. A comienzos de 1998 Jorge Carrillo Olea se perfila hacia juicio político por incumplimiento de funciones públicas y omisión en el ataque a la delincuencia organizada. Sin embargo, se separa de la titularidad del Poder Ejecutivo en mayo del mismo año, pero en febrero de 2000, juicio político mediante, la SCJN lo inhabilita por 12 años para asumir cargos en la administración pública federal o estatal. El 20 de abril de 2004: solicitud de juicio político a Sergio Estrada Cajigal. La acusación: omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado. El 22 de febrero de 2011: solicitud de juicio político a Marco Adame. La acusación: omisiones en seguridad pública y protección al crimen organizado. El 19 de noviembre de 2015: solicitud de juicio político a Graco Ramírez. La acusación: presunta malversación de 450 millones de pesos. Solicitudes siempre interpuestas ante el Congreso de Morelos por opositores al régimen, pero también por personas que de alguna forma u otra quedaron resentidas con los titulares del Poder Ejecutivo en turno al no ser convidadas a la “distribución del pastel”. Al buen entendedor, pocas palabras. En todos los casos, en los respectivos procedimientos, han participado ciudadanos bien intencionados. Mi profundo respeto para ellos. Pero el recurrente forcejeo político y las canonjías insatisfechas se situaron en el fondo de los asuntos. Las hemerotecas contienen muchos testimonios al respecto.

2.- La Junta Política y de Gobierno del Congreso local acordó ayer posponer hasta por 90 días la decisión con respecto a la petición de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) para incoar juicio político al gobernador Graco Ramírez. Los coordinadores parlamentarios coincidieron en que es necesario tener los resultados de la auditoría especial hoy a cargo de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización al crédito de dos mil 806 millones de pesos autorizado al Ejecutivo desde 2013, de tal suerte que prorrogan la decisión para dar oportunidad a que el órgano auditor concluya su trabajo y se solventen las eventuales observaciones resultantes. La prórroga fue impulsada al interior de la Junta principalmente por Jaime Álvarez Cisneros, quien explicó que el Congreso no puede determinar la admisión de la solicitud y su consecuente envío a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, teniendo únicamente supuestos como base del pedimento. En esto coincidieron los coordinadores de las diversas bancadas y con ello el tema deberá entrar a la congeladora durante algunas semanas.

3.- Hoy martes llegaría la fecha para que el Congreso respondiera formalmente a dicha solicitud de la CMMC, lo cual ha sido aplazado. La semana anterior se daba por descontado que la Junta Política y de Gobierno desecharía la solicitud, pero ayer se manejó la posibilidad de que los diputados determinaran su procedencia en el corto plazo, lo que no señalaría culpabilidad del mandatario sino únicamente implicaría que el caso se enviase a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, la cual se encuentra en manos del aliancista Julio Espín Navarrete. Este escenario estaba previsto por varios personajes al interior del Congreso, lo que en los días iniciales de la legislatura provocó una lucha feroz por el control de la comisión encargada de desahogar el juicio político. Como se recordará, el pesedista Julio Yáñez la quería para sí y aún antes de obtenerla ya advertía a voz en cuello que votaría por el juicio político, pero la operación política de los izquierdistas les permitió dejarla en manos de un diputado menos confrontado con la administración estatal. Tocante a la CMMC me parece que, anticipándose a un resolutivo de la JPYG como el de ayer, organiza una nueva marcha “cacerolista” para el 19 de febrero. El 15 del mismo mes, Graco Ramírez deberá presentar su IV Informe. Mientras, el forcejeo político continúa.

4.- El destino de la solicitud de refinanciamiento por 656 millones de pesos que en unos días hará llegar el Ayuntamiento de Cuernavaca al Congreso, será buen indicador sobre la relación que mantienen los gobiernos de Cuauhtémoc Blanco y Graco Ramírez, y permitirá prever si habrá condiciones para evitar otro trienio de pesadilla para la población de esta ciudad en materia de servicios públicos. Tres veces con la legislatura pasada y una con la actual, el exalcalde Jorge Morales Barud fracasó en su propósito de lograr el refinanciamiento, lo que evidencia como probable que Blanco también tope con pared. ¿Qué dirá sobre el tema el flamante secretario general del Ayuntamiento, Roberto Yáñez, luego de que formó parte de la legislatura donde le negó tres veces el refinanciamiento a la ciudad? Uno de los argumentos para rechazar la solicitud de la comuna fue su falta de compromiso con la austeridad, y ese podría ser una vez más el obstáculo a esgrimir por los diputados para negarle al ayuntamiento el nuevo crédito. Sin embargo, de fondo el permiso legislativo para refinanciar implica un espaldarazo político enviado desde la Casa Morelos. Esto significaría que Graco y Blanco salvaron sus diferencias. A ver.