¿Ahora sí velarán por los niños?

SIN CORTAPISAS
Por PATRICIA CASTRO CEDILLO / MASEUAL

• ¿Qué autoridades garantizan la seguridad, integridad y bienestar de los menores de edad que pululan en calles y avenidas?

Cuernavaca, Morelos, México, 29 de agosto de 2025.- En los últimos años en Cuernavaca se ha visto a menores de edad que se hallan en los cruceros de las distintas avenidas de la ciudad capital “trabajando”. Algunos acompañados de otros menores de edad, otro tanto “escoltados” por sus supuestos padres o familiares, que a la distancia los “vigilan”; se ignora si para cuidar su integridad o bien, para ver que el dinero que obtienen no se lo queden.

Se entiende que, en el caso de familias de origen indígena, la crisis, inseguridad y falta de empleos en sus pueblos o estados de origen orillan a estas familias a migrar a otras entidades en busca del sustento, pero… ¿qué autoridades velan real y fehacientemente por la seguridad, bienestar e integridad de los niños?

Se ha constatado, en últimas fechas, que se trata de familias indígenas que sin duda alguna sí tienen necesidad y de alguna u otra forma buscan la manera de mantener a sus hijos. De ahí que los hijos de éstas, por azares del destino, no les queda de otra que “apoyar” al sustento. Esto, bajo el argumento real, sin duda alguna, de carecer de mayores oportunidades laborales en los lugares donde se asientan tras abandonar su terruño.

LOS NO INDÍGENAS Y SÍ VIVIDORES
Empero, también se ha constatado que existen “padres de familia” que utilizan a sus hijos para mendigar, vender dulces, chocolates, chicles, para limpiar parabrisas tanto en cruceros y avenidas de Cuernavaca, como en el zócalo capitalino mismo. ¡Sí! Tanto en la explanada de Palacio de Gobierno, Jardín Juárez y sus alrededores se ha visto a mujeres que andan con menores de edad, a quienes los tienen con cajas de chicles o chocolates y los mandan a vender el producto, en tanto ellas esperan sentadas en alguna banca, bajo la sombra de algún árbol.

O está el caso de otra mujer joven que, con un bebé dentro de una carriola vieja y desgastada, con un letrero de una supuesta enfermedad del menor, pide dinero. Pero que se le ha visto que ya en la tarde-noche en la acera del museo, donde se estaciona el Morebús, pasa a recogerla un hombre a bordo de un automóvil de reciente modelo, color rojo, sedán, donde la fémina en comento, mete al menor, dobla la carriola, la mete a la cajuela, se sube al auto y se van. Así es como trabaja: lucrando con la nobleza de la gente que cree que en verdad necesita el apoyo económico, usando para ello al infante.

Ahora bien, también es común observar a menores de edad en los semáforos de la zona de Los Patios de la Estación, en los semáforos de “El Vergel” o en Plaza Cuernavaca, donde los padres o familiares se ocultan entre los arbustos mientras los niños venden, pero mayormente piden dinero a automovilistas, y en algunos casos se les ha visto en horas de la madrugada y no es precisamente para vender dulces o pedir dinero, si no que no se duda los utilicen para la venta de algún estupefaciente.

En estos casos sí encuadran los delitos de explotación infantil, abuso infantil, omisión de cuidados e inclusive trata, porque lo hacen de manera deliberada, con dolo, con el fin de obtener un beneficio económico a costa de ellos. ¿Y la autoridad? Bien, gracias.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

En el caso de familias de origen indígena, se comprende hasta cierto punto, el que todos sus integrantes trabajen vendiendo golosinas o bailando y cantando, por las faltas de oportunidades laborales y sitios para dejar a los infantes bajo resguardo mientras trabajan, si es que hallan empleo.

Lo lamentable y algo que se veía venir, era el riesgo en el que se encontraban/encuentran los niños indígenas en los cruceros, y sí, era que fueran víctimas de algún accidente con fatales consecuencias, como fue el caso de la niña de cuatro años de edad que falleció tras ser arrollada en la glorieta La Luna, en Cuernavaca, menor que junto con otra adolescente y una mujer indígena, se dedicaban a bailar en los altos de los semáforos a cambio de unos cuantos pesos. Esto, el pasado miércoles 27 de agosto del año en curso.

Queda visto que el hecho de que miles de familias indígenas se desplacen desde sus lugares de origen hacia otras entidades en busca de una mejor calidad de vida, es muestra de la descomposición social e inseguridad de las que son víctimas en sus lugares de origen, quedando como vil falacia lo que mandata el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Apartado B, vigente.

Hecho que causó mucha controversia, culpando unos al conductor, pero de mayor manera, a la mujer, que hoy se sabe es su tía, pero que en un principio se creía era su madre. Las razones por las que esta familia indígena hizo de ese lugar su “centro de trabajo” sólo ella lo sabe, que igual causó conmoción por un lado y por el otro, enojo social por lo que consideran son “vividoras”.

Lo que sí es que se debe dejar a las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y se actúe conforme a derecho y con el debido proceso, bajo los lineamientos que marcan las leyes y códigos en la materia, pero principalmente lo que se precisa en la Constitución Política del Estado de Morelos en su Artículo *2 Bis, fracción VII, vigente.

Dicho articulado a la letra señala: “SE GARANTIZARÁ A LOS INDÍGENAS EL EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA, tanto municipal como estatal. Para garantizar este derecho en la fase preventiva o ejecutiva en los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, SE PROVEERÁ LO NECESARIO EN MATERIA DE PREVENCIÓN, PROCURACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y ejecución de sanciones y medidas de seguridad, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN SUS USOS, COSTUMBRES Y ESPECIFICIDADES CULTURALES”.

En ese sentido, tras la muerte trágica de esta menor, ahora sí diversas autoridades estatales y municipales, como paladines de la justicia, dieron a conocer que se habilitarán espacios en el Albergue Familiar, sito en Lomas de la Selva, donde ofrecerán, dicen, servicios de comedor, baños, una cuidadora y de trabajo social. Que se espera sean gratuitos y de una estadía permanente y sin discriminación.

LLAMADO ENÉRGICO

Por otra parte, urge que, en calidad de ya, las autoridades correspondientes, llámese SEDIF, SIPINNA Morelos y Cuernavaca, así como la PRONAF Morelos, en trabajo coordinado con las autoridades policiacas respectivas, en su conjunto y de manera individual como dependencias, realicen el trabajo al que están obligados y dejen de “dormir en sus laureles” y no que ahora, tras el hecho lamentable de la niña indígena quieran darse a notar con declaraciones superfluas y poco creíbles.

Es importante mencionar que el SIPINNA Morelos y Cuernavaca, es el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, encargado de diseñar e implementar políticas para garantizar sus derechos, trabajando de forma coordinada con el gobierno municipal, estatal y organizaciones de la sociedad civil para ASEGURAR EL BIENESTAR Y DESARROLLO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.

En tanto, la PRONAF Morelos, es la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en el estado, dependiente del DIF estatal, que se encarga de defender y garantizar los derechos de menores y familias, ofreciendo servicios de orientación social, psicológica y jurídica. Su objetivo es asegurar la protección y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia, ATENDIENDO CASOS DE MALTRATO, ABUSO O SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.

¿Y luego? Dependencias con nombres glamorosos y rimbombantes, con visión y misión “excelsa”, que ahora sí “después del niño ahogado, buscan tapar el pozo”, como coloquialmente se dice. La realidad es que urge en Cuernavaca y en sí en todo Morelos, todas estas dependencias cumplan con el objetivo por las que fueron creadas.

Que se realicen supervisiones, operativos y recorridos constantes, en horarios diversos, incluso de madrugada, para no sólo detectar a aquellos menores que son explotados, abusados, donde se apoye sí a quienes tienen necesidad y se investigue y constate ésta, pero que también, se investigue si realmente son los padres o familiares, que comprueben la filiación y/o parentesco, y si son explotadores los pongan a disposición, y si no, se investigue si esos menores pudieran haber sido víctimas de secuestro en otros estados y traídos a Morelos con fines de trata de personas, explotación sexual y laboral y abuso infantil.

Que los recorridos y supervisiones sean en TODOS LOS CRUCEROS, SEMÁFOROS Y AVENIDAS, incluso en Domingo Diez (a la altura del Walmart y D10), Paseo del Conquistador, Puente 2000, Degollado, Ávila Camacho. En fin, en TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS.

Que los Tratados Internacionales, Convenios, Protocolos, leyes federales y estatales se concatenen y se ciñan a los articulados y acuerdos para la protección de los niños, niñas y adolescentes, que haya detenciones de los abusadores y caiga todo el peso de la ley sobre ellos y los menores sean resguardados, cobijados, que realmente se les garantice una vida libre de violencia, de abusos. ¡Pero ya! Que no sean letra muerta y parafernalia.

La gobernadora Margarita González Saravia y, en este caso, el alcalde golondrino, José Luis Urióstegui Salgado, dejen las declaraciones espurias y pongan manos a la obra, que dejen de publicitarse por cualquier obra de relumbrón y pongan atención en este asunto, que grave es, y mucho.

¡Basta ya de simulaciones! ¡Urgen acciones permanentes y con seguimiento! Ya se verá pues, si seguirán con la negativa de actuar, o bien, realizarán recorridos y operativos reales para que los niños y adolescentes ya no estén en las calles y se encuentren en lugares seguros. Porque no sólo se trata de que los quiten de los cruceros y avenidas, sino que se verifique, constate, que no están en peligro. Ya se verá. Tiempo.

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