Qué con la Cosa Juzgada

Por EDILBERTO NAVA GARCÍA / MASEUAL

Chilpancingo, Guerrero, México, 3 de diciembre de 2025.- La semana anterior trascendió un escenario en vivo: dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la nación parecen enfrentadas al expresar sus opiniones jurídicas respecto al desempeño inmediato anterior del máximo órgano de justicia del país. No es asunto extraño, porque preparadas o no, cada cabeza es un mundo. En el caso, ambas eran integrantes del supremo poder judicial al menos un año antes de entrar en vigor la reforma judicial que determinó la elección democrática de jueces, magistrados y ministros.

Ciertamente, la reforma vino a cortar de tajo la acostumbrada y soterrada práctica de poner al poder judicial al mejor postor; maleable, acomodaticio para el tráfico de influencias y muy separado y lejano al pueblo.

Aunque hubo una oposición férrea a la reforma, alegando sus integrantes la enaltecida carrera judicial con independencia de los otros poderes, lo cierto era que dicha oposición no fue tanto por temor a ser electos, sino por cubrir cuanto escondían, una corruptela casi infinita, selectiva y clasista por cuanto a proteger intereses de la elite poderosa o adinerada. Por lo pronto ya dos ministras dieron tela de la cual cortar.

La ministra Esquivel ha dicho su opinión con toda claridad que la “Cosa Juzgada” no ha de revisarse porque sería ir contra la Constitución. Con tal afirmación tiene ya consecuencias lejanísimas. No olvidar que la jurisprudencia sirve desde hace mucho a los bufetes que habilidosamente hurgan en vacíos jurídicos e interpretaciones personalísimas de los ministros.

Como sabrán los respetables lectores, las resoluciones del máximo tribunal constituyen jurisprudencia, máxime a lo recurrente que fue ese dictado por los altos ministros al confabularse, dando cariz legaloide a sus resoluciones favorables a los potentados. Tales resoluciones causaron graves daños a la nación.

Es claro, pues, que los antecedentes inmediatos del desempeño del más alto tribunal de justicia mexicano están plagados de distorsiones y entuertos recubiertos de legalidad, pues sólo torciendo la ley pudieron los ministros favorecer a quienes por dinero o por otras canonjías compartieron afinidades durante el encargo oficial que ostentaron.

Aún quedan tres o cuatro ministros electos con el anterior procedimiento legal, de pasar primeramente ante los ojos del jefe del poder ejecutivo y luego por el senado, es decir, de los otros dos poderes. Era evidente que su elección fue a propuesta del presidente de la República en turno y, consecuentemente a él debían su alta investidura judicial.

Por ahora ya pueden considerarse los prietitos en el arroz y sin embargo deben continuar por cuanto son, a quienes representan y a quienes sirven. Si llegasen a renunciar, tal acto sería estrictamente voluntaria y personal. Así que la cosa juzgada por tan mal juzgada debe hurgarse, revisarse y corregirse. O que lo aclaren los ministros si ello hace necesaria otra reforma que establezca sólo en que tipo de resoluciones del máximo tribunal permanece la retroactividad de la Constitución.

Si es necesaria, los propios ministros han de sugerir las probables enmiendas, porque ya es tiempo que nuestra Carta Magna no la embadurnen lagunas jurídicas, en tanto al pueblo midiéndosele el agua con proliferadas demandas de justicia.