Por ALEJANDRO CÁRDENAS SAN ANTONIO / MASEUAL
Cuernavaca, Morelos, México, 10 de febrero de 2026.- El pasado 3 de febrero de este 2026, más de 12 mil estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH, Plantel Sur de la UNAM, regresaron a clases presenciales tras 134 días de suspensión -la mayoría adolescentes menores de 18 años, menores de edad según el Código Civil Federal de México- y la razón fue el asesinato de un alumno de 16 años, perpetrado por un condiscípulo de 19, el día 22 de septiembre de 2025.
Recordemos que el joven agresor, -alumno del CCH Sur-, ingresó al plantel sin revisión estricta, atacó a su compañero de plantel con un arma blanca en el estacionamiento y dejó herido a un trabajador que intentó intervenir.
El hecho conmocionó a la comunidad universitaria, generó protestas y obligó a la institución a replantear su seguridad.
La UNAM, decidió instalar en ese plantel, 18 torniquetes con sistema de reconocimiento facial, una tecnología que funciona con datos biométricos: “características físicas, fisiológicas o de comportamiento únicas e intransferibles de cada ser humano, utilizadas por sistemas tecnológicos para identificar o autenticar la identidad de una persona”.
Además, en ese plantel, se instalaron detectores de metales -en algunos accesos o de forma aleatoria-, 70 cámaras de videovigilancia adicionales, 50 botones de emergencia, 271 luminarias nuevas y refuerzo perimetral con rejas y barandales.
La UNAM, muy a la vanguardia, consideró que era un mecanismo sencillo: los alumnos se colocan frente a una cámara que compara su rostro con una base de datos escolar -capturada previamente-; si coincide, el torniquete se abre. En caso de fallo -por foto desactualizada, cambios en la apariencia o errores técnicos-, se aplica un recurso rudimentario, pero efectivo: el alumno muestra su credencial de la UNAM como respaldo.
Reportes de los primeros días, indican un ingreso fluido, sin aglomeraciones mayores, y muchos padres y estudiantes perciben mayor orden y control contra intrusos externos y por esos tranquilizadores resultados, ahora la UNAM, planea homologar protocolos similares en sus 14 planteles de bachillerato: nueve preparatorias y cinco CCH.
Pero, esta implementación, también genera preocupaciones crecientes entre expertos en temas de derechos humanos y privacidad, porque los datos biométricos faciales son sensibles e inmutables; no se pueden modificar como una contraseña.
Y es que el tema bien analizado, en adolescentes de 15 a 18 años -menores aún sin consentimiento pleno autónomo-, implica vigilancia constante en un espacio educativo.
Esto no es privativo de la CDMX, -ya se ha implementado el sistema de reconocimiento facial basado en datos biométricos faciales en otras latitudes del globo y, organizaciones internacionales como la ONU, recomiendan evaluar impactos previos y priorizar alternativas menos invasivas, ya que el sistema no previene violencia interna. No hay que olvidar que en el caso del CCH Sur, el agresor era parte de la comunidad estudiantil.
Los especialistas han advertido de las consecuencias y efectos a mediano y largo plazo. Destacan brechas de seguridad; o sea, filtraciones que exponen rostros de por vida facilitando el robo de identidad y los abusos. Hay también sesgos algorítmicos que son los errores más frecuentes en personas de piel oscura, mujeres o los cambios por pubertad, que han generado rechazos injustos y discriminación.
Por igual, se han documentado efectos disuasorios, es decir: la vigilancia permanente puede generar autocensura, desconfianza y sensación de ser “sospechosos perpetuos”, afectando la salud mental y el desarrollo emocional.
Otro asunto, es la llamada expansión indebida, que quiere decir que aunque éste sistema hoy se presenta como vanguardista y de uso interno en la UNAM, no hay garantías absolutas de que la base de datos no se comparta con autoridades en investigaciones o por “seguridad nacional”.
Y es obligado recordar, que con la extinción del INAI en marzo de 2025 -tras la reforma constitucional de diciembre 2024-, cuyas funciones pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y otros entes menos especializados con escasa experiencia en el tema y una legislación precaria, la supervisión de datos sensibles puede ser aún más débil, aumentando la incertidumbre sobre la protección y posibles usos externos. Dígase: riesgo inminente por suplantación de identidad y fraude.
El caso del CCH Sur abre un debate urgente y obliga a priorizar enfoques integrales como el psicosocial, la mediación y la inclusión sobre tecnología reactiva; es decir, el reconocimiento facial -que fuera de eufemismos, es dato biométrico- produce algunas preguntas obligadas e incómodas y son: ¿esto en verdad protege los derechos de los menores sin riesgos de vigilancia masiva? ¿priorizamos tecnología reactiva o enfoques integrales que fomenten confianza y entornos inclusivos? ¿Es seguridad real o vigilancia permanente?
Va otra pregunta pero con un enfoque optimista y esperanzador para no parecer conspiranóico: ¿La alternativa es más personal capacitado, efectivos protocolos psicosociales contra bullying y violencia, y una consistente detección de metales, puede ofrecer protección efectiva, sin comprometer derechos?
En colegios privados de CDMX y planteles escolares en otros estados del país, adopciones similares están siendo limitadas por costos, resistencias éticas y recomendaciones contra el uso de biometría en entornos con menores de edad.
Entonces: ¿seguridad real o vigilancia permanente?
About The Author
Más historias
EN LA INSEGURIDAD
DÍA DEL PULQUE
ISSSTE DE “PRIMER” NIVEL