Por EDILBERTO NAVA GARCÍA / MASEUAL
Chilpancingo, Guerrero, México, 18 de septiembre de 2024.- Demasiada tardía la reacción de la jerarquía que comanda el sistema judiciario del país que, cuando el legislativo ha aprobado el proceso de su reforma, resulta propositiva, aceptando y reconociendo la necesidad de un cambio por la corrupción que ahí impera, por el nepotismo al máximo y por haberse convertido en contraparte tanto del ejecutivo como del legislativo, secciones ambas del poder emanadas directamente del pueblo, no así la Suprema Corte, electiva y selectiva en forma indirecta, sabido como es, que sus nombramientos surgen a propuestas del ejecutivo y aprobadas por el legislativo en ambas cámaras.
La tardía reacción dio motivo a que trascendiera casi al ras del suelo toda la podredumbre en que está sumido el llamado poder judicial. Que la negativa necia y sistemática de los altos funcionarios entre ministros, magistrados y la externa cúpula empresarial a comprender y emprender la reforma, tenía por base el interés de mantener la corrupción de toda la estructura orgánica judicial y al propio tiempo las altísimas percepciones de ministros y magistrados, siendo en realidad privilegios indebidos. Así se garantiza la protección de la clase poderosa del país estando a su disposición magistrados y ministros. Así lo prueban las resoluciones.
Por si hubiese duda alguna, basta con revisar el cúmulo de amparos otorgados por los jueces que en el mayor de los casos dictan a modo sus resoluciones. El ardid de que los ministros defienden la Constitución no cuajó en el sentir del pueblo como tampoco en sus representantes electos, mismos que han entrado en funciones en ambas cámaras.
Efectivamente, las señoras de la toga y le ley en mano se dieron cuenta que hasta su imagen personal es ahora quijotesca, porque son precisamente ellos quienes han torcido la ley a grado que su jurisprudencia abigarrada está llena de contrahechos en asuntos agrarios, penales y fiscales.
De esto último basta una mirada de cuanto el fisco federal ha sido afectado debido a que magistrados y ministros han estado comprometidos con los grandes empresarios para reducir el pago de impuestos y de omitirlos en el peor de los casos.
Desde luego que el caso de Salinas Pliego no es el único, pero sí la muestra del solapamiento interesado de altos funcionarios de la suprema corte, quienes se han convertido en millonarios por las regalías percibidas en los obscurito y al margen de la ley.
También resultó falso que los señores en las magistraturas judiciales son los más preparados, aptos y eficientes.
Hay una prueba evidente del ineficiente desempeño de la actual presidenta de la suprema corte, quien en la evaluación a tal cargo resultó del peor desempeño; realidad documentada que le restregó en el rostro el senador Armando Ríos Píter, quien le anunció que no votaría por ella por no merecer su voto.
El silencio de la presidenta en aquel momento fue la aceptación tácita, evidente de su incapacidad e ineptitud como juzgadora federal. Lo otro es el interesado y propiciado nepotismo que conlleva implícito el favoritismo hacia familiares no precisamente los más preparados y aptos profesionales de la abogacía, sino al contrario.
Está visto que los buenos postulantes, aquellos abogados que se queman las pestañas en los despachos jurídicos, quienes sustentan a fondo sus promociones o sus acusaciones, no buscan, no negocian, no pactan con jueces para torcer la justicia; como tampoco andan a la pepena de cargos en el poder judicial por dinero y fama para luego viajar en vehículos blindados cual magnates de países petroleros.
Por otra parte, la otrora poderosa fuerza política tan decaída, es hoy la esquelética oposición en nuestro país. Evidentemente, ante la reforma que se discute está a la zaga y anonadada.
Hay quienes reaccionan con alguna brillantez, pero sin darse cuenta que tienen enorme cola que les pisen; y se las pisan ipso facto y aún en tono condescendiente les han recomendado que construyan su mayoría. En otras palabras o al buen entendedor, es claro que se les dice que en un país democrático como México, decide el pueblo al través de sus legítimos representantes.
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