Por EDILBERTO NAVA GARCÍA / MASEUAL
Chilpancingo, Guerrero, México, 16 de octubre de 2024.- La delincuencia organizada es delito federal; como tal es incesante en sus atrocidades, en sus crímenes y en el aumento de su poderío económico y en sus redes, incluso en la esfera gobernante. Esto último es un tanto difícil de demostrar, para lo cual se exige otro poder, fuero y coraza. Por ejemplo, el hecho de que García Luna se haya procesado siendo como fue, alto funcionario del gobierno federal, durante Felipe Calderón, en gran parte se debió a los duros señalamientos del diputado Gerardo Fernández Noroña, quien lo acusó frontalmente en comparecencia.
Los capos de la droga que distribuyen su dañina mercancía, que también plagian y exigen rescate, corrompen a las autoridades judiciales para garantizar su actuación ilícita y su durabilidad. Utilizan a jóvenes que vienen a ser carnada, porque los adiestran y convierten en desalmados a la hora de ejecutar a quienes no ceden a la entrega de rescates, a quienes por equis o zeta les miran el rostro y hasta a quienes sin propósito suelen ser testigos por mera imprudencia.
A las víctimas no sólo les dan muerte, sino que muchas veces, previamente torturan y, finalmente les dan muerte y descuartizan. Todo esto es la cara de la delincuencia organizada desde el punto de vista criminal.
El gobierno, que se obliga de varias formas a garantizar la seguridad y tranquilidad social, ha venido siendo corrompido en su aspecto policial tanto en investigación como en la ejecución de captura de quienes no pudieron ablandar a jueces, magistrados y ministros del poder judicial. Es una, la otra es mediante la implantación de programas sociales que ofrecen capacitación para disminuir el desempleo y otro rubro es la profesionalización de servidores públicos en el área de seguridad.
Aquí se da la ocasión en pensar si quienes usan los cárteles en ejecuciones de adversarios y víctimas sienten algo referente a los derechos humanos. Todo mundo opinará que no, o que pese a ello, se convierten en autómatas al momento de cumplir, pues de lo contrario ellos serán ejecutados. El anterior gobierno local guerrerense fue señalado de solicitar permiso a los grupos criminales para que pudiese inaugurar obras ejecutadas en territorios marcadamente ‘ocupados’. Los festejos y hasta fotos difundas dieron cuenta de tales inauguraciones, pero se ocultaron los convenios no escritos para que tanto gobierno como delincuentes continuaran en lo suyo, operando como si nada.
El grupo dominante por el rumbo de Chilapa hizo un día un festejo debidamente resguardado por armados no del gobierno, pero al festín arribó el gobernador en turno para luego trascender que se había dado ahí un entendimiento entre las partes.
En pocas palabras, continuarían actuando libremente unos con credencial y otros sin ella, pero igual, impunemente. Así se llevó “la fiesta en paz” hasta el final del plan sexenal, con ejecuciones pero evitándose víctimas del lado del gobierno.
En Guerrero es otro el régimen ahora, encabezado por una mujer. La delincuencia no ha cesado en sus operaciones; no son pocos los ayuntamientos sometidos y cedidos sus presupuestos de obra pública. En algunos se habla de entendimientos mediante la cesión de áreas administrativas particularmente las de seguridad, tránsito y vialidad.
El control del mercado en artículos de consumo necesario no lo tiene el comercio ni el gobierno. La actual gobernadora debe saberlo plenamente no de simples rumores, sin embargo se ignoran las medidas tomadas para combatir la infiltración de la maña como se dice en Tierra Calor.
Quizá en las altas esferas de la política se ha olvidado el viejo refrán que reza: “para que la cuya apriete ha de ser del mismo palo”.
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