Por ALEJANDRO CÁRDENAS SAN ANTONIO / MASEUAL
Cuernavaca, Morelos, México, 7 de julio de 2026.- Se acabó el sueño futbolero y ahora proyectan un nuevo distractor: el debate sobre la normatividad de la Inteligencia Artificial IA en el país. Es una pena que México llegue tarde y sirva como cortina de humo este innegable y crudo rezago.
En el planeta entero la Inteligencia Artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en un factor determinante en la economía, la seguridad, la educación y la vida cotidiana.
Mientras la Unión Europea, Estados Unidos y China consolidan marcos regulatorios para aprovechar su potencial y contener sus riesgos, México apenas comienza a discutir cómo legislar una tecnología que evoluciona a un ritmo muy superior al de las instituciones.
El desafío no es únicamente crear leyes, sino hacerlo sin limitar la innovación, sin vulnerar derechos fundamentales y con la capacidad técnica suficiente para hacerlas cumplir.
En teoría, una regulación integral representaría una oportunidad para el país. Un marco jurídico moderno permitiría proteger los datos personales de millones de usuarios, exigir transparencia cuando sistemas automatizados tomen decisiones en sectores sensibles como la salud, la justicia, el empleo o los servicios financieros, además de establecer responsabilidades claras cuando una IA genere daños o afectaciones. También contribuiría a combatir fenómenos cada vez más frecuentes, como los deepfakes, el fraude digital y las campañas masivas de desinformación, al tiempo que brindaría mayor certeza jurídica para inversionistas y empresas tecnológicas.
Sin embargo, el otro lado de la moneda genera preocupación. Diversos especialistas advierten que una legislación mal diseñada podría otorgar al Estado facultades excesivas para supervisar plataformas digitales, ordenar bloqueos de servicios o ampliar mecanismos de vigilancia sobre los ciudadanos. La diferencia entre proteger a la población y restringir la libertad de expresión puede depender de una sola redacción legal.
Y es que siendo realistas porque ejemplos sobran en nuestra historia, cuando las normas contienen conceptos ambiguos o carecen de controles judiciales independientes, el riesgo de censura indirecta deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad muy alta de realidad.
Visto el tema de manera fría, el principal obstáculo de México no es jurídico, sino estructural. El país carece de una ley federal integral sobre Inteligencia Artificial y, al mismo tiempo, enfrenta una evidente fragmentación institucional. Existen diversas iniciativas legislativas y propuestas para crear organismos especializados, pero aún no hay una estrategia nacional que coordine al gobierno, la academia, la industria tecnológica y la sociedad civil. Sin esa articulación, cualquier regulación corre el riesgo de convertirse en un laberinto burocrático de normas redundantes y contradictorias.
Nuestro rezago mexicano también tiene una explicación técnica, porque, hablar de soberanía digital, resulta complejo cuando gran parte de la infraestructura tecnológica, los servicios en la nube y los modelos de IA utilizados en el país pertenecen a empresas extranjeras.
A ello se suma la escasez de especialistas capaces de auditar algoritmos complejos y la limitada capacidad institucional para supervisar tecnologías desarrolladas por corporaciones multinacionales. Regular aquello que no se puede evaluar técnicamente podría derivar en leyes difíciles de aplicar, con escasa efectividad y no se hable de las consecuencias.
Paradójicamente, sí hay algunas áreas donde el consenso parece más cercano. O existían… por ejemplo, recuerdo algo llamado organismos autónomos encargados de la Transparencia que se desvivían por la protección de datos personales de niñas, niños y adolescentes frente al uso compulsivo de plataformas digitales, así como el combate al ciberacoso, el grooming y otras formas de violencia digital.
Es innegable que se multiplican los espacios donde falta esa regulación y avanzan sin legitimidad social, pero lo peor: con más polarización política.
México al parecer llega tarde a la regulación de la Inteligencia Artificial, enfrenta el riesgo de legislar sin contar con las herramientas necesarias para hacerlo eficazmente.
La diferencia entre construir un marco legal que impulse la innovación o uno que inhiba el desarrollo dependerá menos del texto de las leyes que de la fortaleza de las instituciones autónomas encargadas de aplicarlas.
Sin infraestructura tecnológica, personal altamente especializado, supervisión judicial independiente y reglas claras, cualquier intento regulatorio caminará sin red de seguridad.
Esta nueva cortina de humo luego del sueño futbolero da cuerda y rating. El verdadero desafío no consiste únicamente en regular la Inteligencia Artificial, sino en demostrar que es el propio Estado mexicano el que está preparado para gobernarla sin sacrificar derechos, inversiones, competitividad ni libertades.
…principalmente de expresión.
About The Author
Más historias
EN EL OLVIDO
UN OPIOIDE PARA LA REALIDAD: EL EUFEMISMO
VIRULENCIA DE PATO-NOTAS Y NOTAS-PATO