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SIN CORTAPISAS

Por PATRICIA CASTRO CEDILLO / MASEUAL

Cuernavaca, Morelos, México, 22 de agosto de 2026.- A casi dos meses de que el gobierno del estado autorizara el incremento a las tarifas del transporte público de pasajeros con itinerario fijo (rutas) continúan y persisten las puñaladas traperas hacia los usuarios, esto, porque primeramente dicho aumento afectó seriamente la economía de las familias y, segundo, que aquellos ciudadanos que osaron ampararse para frenar ese abuso, han recibido una negativa absoluta para dar marcha atrás al abuso tarifario.

Como se recordará, fue el primero de julio cuando entró en vigor el incremento de tres pesos a la tarifa mínima, que de 10 subió a 13 pesos, pero, lamentablemente, ésta se incrementa de acuerdo a las distancias y recorridos, donde los choferes no respetan el aumento en cuestión, sino que, de acuerdo a los criterios de sus jefes (transportistas y concesionarios) el aumento es de hasta 10 pesos, sin importarles las quejas de los usuarios.

Aún más, persiste y se ha recrudecido el mal trato hacia los adultos mayores para respetar el descuento estipulado por ley, que es de 5 pesos por viaje (que en el decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” no señala distancias ni recorridos), pero que valiéndoles poco o nada, con soberbia, les exigen el pago completo o de plano, ni se detienen para que este sector vulnerable de la población haga uso del servicio, que de público sólo tiene el nombre por lo costoso que resulta a los usuarios utilizarlo.

En primer lugar, tras la entrada en vigor del incremento tarifario, se han presentado cientos de amparos, muchos de ellos presentados por organizaciones civiles, colectivos, así como de ciertos políticos que lo utilizan como bandera política para aspirar a otro “hueso” en elecciones venideras. Así, uno a uno, han sido desechados en juzgados federales. Otro tanto, se han presentado ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, donde negó la suspensión provisional, acción promovida por una ciudadana.

En este sentido, dicha resolución judicial, dada a conocer el pasado 21 de agosto, desestimó la medida cautelar que pretendía frenar el ajuste en las tarifas, sólo resta que los magistrados analicen de fondo el juicio administrativo para emitir sentencia definitiva. Lo que demuestra que en sus argumentos velan más por los intereses del pulpo camionero que de los de la sociedad.

MÁS DE LO MISMO
En el decreto publicado el 18 de junio del año en curso, publicado en el ejemplar 6569, en edición extraordinarios, 6ª época aparece avalado oficialmente el alza tarifaria que entró en vigor el1o. de julio. Ejemplar que puede ser consultado en el enlace: https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplares, en el apartado de “acciones” y ahora también en la Ley de Movilidad, Transporte y Seguridad Vial del estado de Morelos, donde además se señalan las obligaciones a las que se sujetan los concesionarios y transportistas del servicio público de pasajeros, entre éstas la renovación de las unidades y, no obstante de que desde esa fecha hasta la entrada en vigor, hubo tiempo suficiente para que comenzaran a programar el cambio de las unidades, nada más se hicieron “tíos lolos”, dejando todo para el último.

¿El resultado? Sencillamente dicha Ley de Movilidad los concesionarios y sus empleados (choferes) se la pasan por el arco del triunfo porque ni cambiaron las unidades, que continúan circulando las mismas en nefastas condiciones estéticas y mecánicas, ni ha mejorado el trato hacia los usuarios. Sólo se dedicaron a pintar y rotular nuevamente sus carcachas bajo el argumento de que no cuentan con dinero para tal efecto. Es más, exigen al gobierno los respalde con créditos.

¿El resultado? Sencillamente dicha Ley de Movilidad los concesionarios y sus empleados (choferes) se la pasan por el arco del triunfo porque ni cambiaron las unidades, que continúan circulando las mismas en nefastas condiciones estéticas y mecánicas, ni ha mejorado el trato hacia los usuarios. Sólo se dedicaron a pintar y rotular nuevamente sus carcachas bajo el argumento de que no cuentan con dinero para tal efecto. Es más, exigen al gobierno los respalde con créditos.

OPERATIVOS
Si bien es cierto, supervisores de Movilidad dieron inicio a operativos para detectar, multar y sacar de circulación las unidades chatarra, también lo es que dicho operativo debería ser permanente, así como llevar, literalmente, a cabo lo que mandata la ley en comento para el retiro de concesiones, licencias y resolver satisfactoriamente las quejas que presenten los usuarios, pero que, en los hechos, den a conocer detalladamente cuántas se han presentado, qué ha procedido y verificar que los choferes no continúen con los malos tratos para los usuarios.

Lo que es una realidad es que las inconformidades continuarán, el gobierno hará como que los “castiga” y esperarán a que el tiempo amaine la molestia social; al fin y al cabo “el tiempo todo lo cura”; en tanto, han emulado dicha acción empresas como Pullman de Morelos, incluyendo mototaxis y bicitaxis de otros municipios.

Luego entonces, ¿dónde quedó la renovación de las rutas?, ¿la capacitación constante de los operadores que redunde en cambios radicales en su conducta para el buen trato a los usuarios? ¿la instalación de cámaras en todas las unidades? ¿la instalación de pagos con tarjeta electrónica? ¿el cumplimiento a la revista mecánica? Muchas son las interrogantes y pocas son las respuestas.

Si a ello se le suma que están en puerta las precampañas electorales rumbo al 2027, difícilmente el gobierno, encabezado por Margarita González Saravia Calderón, los harán cumplir con lo que mandata la multicitada ley de Movilidad, ya que a cambio del incremento utilizarán las chatarras para el traslado de personas a eventos partidistas, ya sr verá si no es así. Sólo es cuestión de tiempo para que la podredumbre se desborde aún más.La exigencia es que se renueven las unidades del transporte público, que el trato sea digno, de calidad y calidez y que se supervise el cobro sea el autorizado, no el que ellos creen les conviene, así como se les retiren las concesiones a quienes violenten la ley. ¡Ya basta de complicidades! ¡Ya basta de proteger los abusos avalados por el gobierno! ¡Ya basta pues, de que el pulpo camionero se siga enriqueciendo a costillas de la paupérrima economía de los morelenses! ¡Ya basta!

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