TRECE CASOS, SEIS AÑOS Y UNA NUEVA EXPLOSIÓN: CUERNAVACA

Por ALEJANDRO CÁRDENAS SAN ANTONIO / MASEUAL

•          ¿Qué provocó el accidente? ¿Quién responde después?

Cuernavaca, Morelos, México,  8 de agosto de 2026.-Durante los últimos seis años, las pipas que transportan y distribuyen gas LP han protagonizado accidentes, fugas, incendios y explosiones en distintos puntos de México. Algunas tragedias han dejado decenas de muertos; otras, trabajadores lesionados, viviendas destruidas y comunidades enteras evacuadas. En prácticamente todos los casos existe una pregunta inmediata: ¿qué provocó el accidente? Pero hay otra, menos visible y quizá más importante: ¿quién respondió después?

Una revisión de 13 accidentes e incidentes registrados entre 2020 y 2026 permite observar una cadena que va desde la operación de las unidades hasta las investigaciones ministeriales, los seguros y la reparación de las víctimas. En varios expedientes existen investigaciones abiertas o actuaciones de autoridades, pero no siempre es posible localizar públicamente el desenlace judicial, el monto de las indemnizaciones o una reparación integral.

El primer caso ocurrió el 16 de noviembre de 2020, en Jala, Nayarit, en el kilómetro 106 de la autopista Tepic-Guadalajara. Un autotanque de gas LP sufrió un choque, volcadura e incendio. El saldo final fue de 15 personas fallecidas. En los reportes aparecen Transporte de Gas Sol, S.A. de C.V. y la razón social Gómez Morín Torres vinculada con la unidad. La Fiscalía de Nayarit realizó peritajes y la empresa informó que asumiría las indemnizaciones conforme a derecho. Sin embargo, la identificación precisa de las responsabilidades corporativas y el resultado judicial no aparecen plenamente documentados en fuentes públicas.

El 31 de octubre de 2021, San Pablo Xochimehuacán, Puebla, sufrió una de las tragedias más graves del periodo. Una pipa rotulada como Hidro Gas estuvo relacionada con el trasiego de gas desde una toma clandestina. La fuga desencadenó explosiones que dejaron un muerto, numerosos heridos y 184 viviendas afectadas. La FGR abrió la carpeta DPE/2313/2021 por delitos relacionados con hidrocarburos. Hubo detenidos, pero la existencia de una carpeta o de detenciones no equivale a una sentencia definitiva. El caso también quedó marcado por señalamientos de omisiones institucionales documentados posteriormente.

El 15 de agosto de 2022, en la avenida Escénica de Acapulco, Guerrero, una pipa de Transportes Claudia Berenice sufrió un accidente atribuido inicialmente a una presunta falla de frenos. Hubo un muerto y varios heridos. El hecho adquirió especial relevancia porque el Ayuntamiento informó que la unidad circulaba sin permisos y en horario restringido. La pregunta dejó de ser exclusivamente mecánica: ¿cómo llegó una unidad presuntamente irregular a circular por una zona con restricciones?

En Tula de Allende, Hidalgo, el 4 de febrero de 2023, explotó un autotanque dentro de una estación de servicio. El saldo fue de dos muertos y cuatro heridos. La Comisión Reguladora de Energía identificó oficialmente a J Mejía Gas como propietaria del autotanque. Intervinieron diversas autoridades federales y estatales, pero la causa técnica definitiva y el desenlace judicial no aparecen claramente documentados en la información pública revisada.

Dos meses después, el 11 de abril de 2023, una instalación de Gas Silza, en Tijuana, Baja California, registró una fuga e incendio durante una operación de trasiego. Murieron cuatro trabajadoras y tres personas resultaron heridas. El caso es especialmente importante porque posteriormente aparecería otra empresa relacionada con Silza en uno de los accidentes más mortíferos del periodo: Iztapalapa, en 2025. La relación temporal obliga a revisar antecedentes, inspecciones, mantenimiento, permisos y medidas correctivas adoptadas después de la tragedia de Tijuana.

El 3 de octubre de 2023, en Santa María Xonacatepec, Puebla, una pipa fue utilizada dentro de un predio para rellenar cilindros de gas LP. La operación terminó en una explosión que dejó cuatro personas heridas. La empresa propietaria no ha quedado plenamente identificada en las fuentes públicas revisadas. El episodio abre otra pregunta: ¿bajo qué autorización se realizaba el llenado y qué controles existían para impedir una operación de esa naturaleza dentro de una zona habitacional?

El 30 de abril de 2024, en Iturbe, Tlahuelilpan, Hidalgo, cinco pipas relacionadas con Mega Gas, algunas de ellas de doble remolque y con capacidades reportadas cercanas a 45 mil litros, estuvieron involucradas en un incendio y explosiones múltiples. No se reportaron fallecidos ni heridos, pero el incidente obliga a revisar las condiciones de almacenamiento, las distancias de seguridad, los permisos y los protocolos de emergencia cuando varias unidades de gran capacidad permanecen concentradas en un mismo sitio.

El 14 de mayo de 2025, un accidente en el tramo Cuacnopalan-Oaxaca, Puebla, terminó con 21 personas fallecidas. Una pipa de gas LP quedó involucrada en el choque y posterior incendio. Las versiones iniciales apuntaron a una posible falla mecánica o invasión de carril, pero la razón social propietaria de la unidad requiere todavía corroboración documental. Esta ausencia es fundamental: sin conocer al propietario registral y al permisionario es imposible completar la cadena de responsabilidades, desde el mantenimiento hasta el seguro y la reparación de daños.

El 10 de septiembre de 2025, la tragedia alcanzó una dimensión aún mayor en el Puente de La Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México. Una pipa de Transportadora Silza, S.A. de C.V., vinculada a Grupo Tomza, con capacidad aproximada de 49,500 litros, volcó y posteriormente sufrió una fuga e ignición. El saldo final fue de 32 muertos y decenas de heridos.

La investigación adquirió una dimensión adicional por la controversia sobre los seguros. ASEA señaló problemas relacionados con el registro de determinadas pólizas, mientras la empresa sostuvo que contaba con cobertura y posteriormente informó la activación de seguros. La discusión resulta crucial: tener una póliza no significa necesariamente que todas las víctimas hayan obtenido una reparación integral, suficiente y oportuna.

El 14 de enero de 2026, una pipa de gas LP que estaba siendo remolcada volcó en el kilómetro 80 de la carretera México-Querétaro, en Tepeji del Río, Hidalgo. La unidad terminó incendiándose y explotando. No se reportaron muertos ni heridos. El caso, aunque sin víctimas mortales, plantea interrogantes sobre la condición mecánica de la unidad y las razones por las que era remolcada.

El 4 de junio de 2026, en Tepeaca, Puebla, cuatro pipas con logotipos de Global Gas estuvieron involucradas en explosiones dentro de una bodega. Hubo tres heridos graves y más de 2,000 personas evacuadas. Global Gas negó que las unidades fueran de su propiedad. Esa contradicción convierte el caso en una pieza relevante para determinar la diferencia entre marca comercial, propietario real, permisionario y operador.

El 22 de junio de 2026, en Geovillas del Sur, Puebla, una pipa de aproximadamente 3,000 litros estuvo involucrada en una explosión durante el abastecimiento de gas. Inicialmente se reportaron cuatro heridos y posteriormente dos trabajadores murieron. La investigación debe determinar si existió una fuga, una falla en mangueras o válvulas, un error durante la descarga o alguna deficiencia de capacitación y mantenimiento.

Y finalmente está Cuernavaca, Morelos. El pasado 6 de agosto de 2026, una pipa de gas LP de la empresa —según aseguró Ubaldo González, coordinador estatal de Protección Civil—, pertenece a la empresa Tomza / Gas Titanium, la que provocó una explosión en la colonia Las Granjas y el saldo preliminar es de 21 personas lesionadas, incluidos menores, además de daños materiales en viviendas y vehículos.

Es el caso número 13 de esta revisión y, por ahora, también el más reciente.

Las causas aún se desconocen.

Todavía deben determinarse la razón social propietaria de la pipa, su capacidad, las condiciones del tanque, el estado de las válvulas y mangueras, el procedimiento de descarga, los permisos, la póliza de seguro, el mantenimiento, la capacitación del operador y, sobre todo, el dictamen pericial que establezca qué ocurrió.

Pero la historia de las 13 tragedias no puede terminar con el peritaje.

La verdadera rendición de cuentas comienza después: ¿hubo carpeta de investigación?, ¿quién fue imputado?, ¿qué juez conoció del caso?, ¿hubo sentencia?, ¿qué aseguradora respondió?, ¿cuánto recibió cada víctima?, ¿hubo reparación integral?, ¿cuánto tiempo pasó y por qué?

Hablar de impunidad exige pruebas y no puede confundirse con la simple ausencia de información. Sin embargo, cuando los expedientes dejan de ser visibles, las responsabilidades se fragmentan entre empresas, operadores, propietarios, aseguradoras y autoridades, y las víctimas no conocen el resultado final, existe un problema de transparencia que merece ser investigado.

Trece casos, seis años y una pregunta que permanece abierta:

¿Cuántas de estas tragedias pudieron prevenirse y cuántas de sus víctimas siguen esperando una justicia que todavía no llega?

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