Los ministros taciturnos

Por EDILBERTO NAVA GARCÍA / MASEUAL

Chilpancingo, Guerrero, México, 25 de octubre de 2023.- Ante los altos sueldos y canonjías que perciben y gozan los altos funcionarios del poder judicial de la federación, sean ministros de la suprema corte, de la judicatura federal, magistrados y jueces, se siente la percepción de la sociedad mexicana, que con justa razón se dice sorprendida, por principio de cuentas debido a que quienes están obligados a cumplir lo dispuesto por la Constitución son los primeros en violarla y, ellos mismos, comenzando por los ministros, que sostengan con desfachatez y cinismo que ellos cumplen la ley. Y el pueblo responde: es falso; los ministros ganan más que el presidente de la República, con lo que están desacatando lo dispuesto por la Carta Magna.
Con su actitud, los ministros parecen solazarse con el calificativo de formar la casta dorada del poder judicial, por los altos sueldos que perciben y todos los beneficios monetarios que ellos llaman complementarios, pero que en conjunto, rondan en los setecientos mil pesos mensuales. Ante tal realidad expuesta con toda claridad por los legisladores de la comisión de presupuesto y gasto público de la cámara de diputados, los millares de mexicanos se preguntan el porqué de tanta deshonestidad y simulación en el poder que se encarga de la legalidad en el país. Y el razonamiento no va lejos. Durante mucho tiempo en México operó el poder ejecutivo por encima de los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, tan fue así, que durante sexenios las iniciativas surgían al cien por ciento en palacio nacional y se aprobaban prácticamente sin cambio en ambas cámaras, en tanto que el poder judicial aplicaba la ley conforme a los deseos presidenciales.
Hay lógica, pues, que con el transcurso del tiempo el poder judicial se haya hecho de un presupuesto así, grande para funcionarios y empleados. Habría que tomar en cuenta que dicho poder no tiene el personal similar al del poder ejecutivo. Se sabe ahora que no son más que cincuenta y cinco mil trabajadores que van desde los del servicio de limpia hasta la ministra presidente de la corte, Norma Piña, quien no explica personalmente cada rubro del presupuesto del poder que encabeza; opta por callar y asumirse taciturna. Ellos, los ministros, minimizan o soslayan que en el poder legislativo están quienes representan a la nación en su conjunto, pese que la Constitución no prevé que los ministros se obliguen a comparecer ante las cámaras de la unión.
Ante la actual situación, en que a la mayoría de mexicanos le avergüenza la actitud de sus altos funcionarios que aplican la ley, se da la simpatía por la propuesta de que jueces y magistrados del poder judicial sean electos popularmente y estén obligados a rendir cuentas de su actuación. Esa actitud necia de mantener sus privilegios a cargo del presupuesto, más los extralegales que se allegan por favorecer a millonarios y grandes capos de la mafia es tan nefasta como ellos mismos son ante la mirada de los mexicanos. La ministra Piña sintetiza su actitud en su dicho que la “justicia cuesta” sin faltar quienes sostengan que lamentablemente en los departamentos de proyectos de sentencia se juega mucho dinero de las partes en conflicto; montos que van al fondo de los bolsillos de jueces y magistrados; funcionarios que tienen en alta estima las elevadas dádivas y productos del cohecho y la extorsión legaloides y característicos.
Por ahora los legisladores deben estar seguros de contar con el apoyo de sus representados al momento de aprobar el presupuesto del poder judicial. Esa mascarada corrupta enmarcada en fideicomisos debe desaparecer de inmediato. El pueblo de México no está en condiciones de mantener una elite de su sociedad con tan ofensivas percepciones económicas provenientes del erario. Están ayunos de honradez en el poder judicial, y muy distantes los ministros de imitar a Alberto Vázquez del Mercado, jurisconsulto ejemplar y honesto ministro de la suprema corte. Hay otros rubros prioritarios que el poder de la nación debe atender, luchando porque la opulencia no sea aplastante de una sociedad que comienza a enderezar su cerviz. Es necesario que haya quien explique por ahora a los altos funcionarios del poder judicial, qué se entiende por justo, por equidad, por democracia.

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Hugo Barberi Rico

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